Paraguay se erige como un caso paradigmático de contradicción energética en América Latina. Con dos de las represas hidroeléctricas entre las más grandes del mundo, el país genera una cantidad per cápita de energía renovable increíblemente alta para los promedios internacionales y superando a naciones industrializadas. Sin embargo, esta abundancia eléctrica no ha servido como blindaje contra la inflación global. Por el contrario, el aumento sostenido de los precios de los combustibles fósiles golpea la capacidad adquisitiva de los hogares, mostrando una matriz energética que requiere cambios urgentes.
Paraguay produce electricidad a partir de fuentes renovables, un hito envidiable en términos de sostenibilidad. Sin embargo, su parque automotor, su transporte de cargas, su maquinaria agrícola y gran parte de su industria dependen del diésel, la nafta y el gas licuado de petróleo (GLP), que además son importados. La abundancia de generación de energía renovable no se traduce en soberanía energética para el sector del transporte, importante motor de la economía doméstica.
La dependencia externa tiene efectos inflacionarios directos y acumulativos cuando el barril de petróleo sube, el costo del flete, la distribución de alimentos y el transporte público se encarecen casi de inmediato. En Paraguay, país sin salida al mar y con una logística basada casi exclusivamente en camiones, el incremento del combustible tiene un efecto multiplicador: Encarecen los insumos agrícolas, la llegada de productos importados y el abastecimiento de los centros urbanos. El rubro de transporte suele ser uno de los que más contribuye a la variación del índice de precios al consumidor (IPC). En los años en que los precios internacionales de los combustibles tienen picos, Paraguay registra altas tasas de inflación que erosionan los ingresos reales de las familias.
El impacto sobre la capacidad adquisitiva es generalizado, pero desigual. Para una familia paraguaya de ingresos medios o bajos, el gasto en combustible y transporte representa una porción significativa del presupuesto mensual. El aumento del precio del gas doméstico encarece la cocción de alimentos; el alza de la nafta o el diésel incrementa el costo de ir al trabajo, llevar los niños a la escuela o mover la producción de una pequeña chacra.
En un país donde una parte importante de la población trabaja en la economía informal o en empleos sin ajuste automático por inflación, la pérdida de poder de compra se traduce en menos alimentos, menos acceso a salud y educación, o mayor endeudamiento de los hogares. La paradoja se vuelve trágica cuando se piensa que esa misma familia paga una tarifa eléctrica relativamente baja –gracias a las hidroeléctricas–, pero no puede usar esa electricidad para mover su auto o su tractor, pues la infraestructura de movilidad eléctrica es prácticamente inexistente.
Las represas generan un enorme excedente de energía que se exporta a Brasil y Argentina, generando divisas para el Estado, pero sin que esas divisas se traduzcan en una reducción estructural de la dependencia fósil. Es decir, Paraguay vende su energía limpia y barata a sus vecinos, pero compra energía sucia y cara en forma de combustibles para su propio consumo. Esta esquizofrenia energética perpetúa la vulnerabilidad externa y la presión inflacionaria.
Países con menor dotación hidroeléctrica han avanzado más en la electrificación del transporte público y privado, reduciendo su dependencia del petróleo. Paraguay, en cambio, sigue anclado en un modelo costoso e insostenible, mientras sus ríos generan electricidad que mayoritariamente se va al exterior. La falta de políticas públicas orientadas a aprovechar esa electricidad deja a los hogares y empresas, en su mayoría micro, pequeñas y medianas, expuestos a cada sacudida del mercado petrolero global.
Paraguay es un país con energía eléctrica barata y renovable, pero con una economía doméstica movida a combustibles caros e importados. Mientras persista esta desconexión estructural, cada alza del petróleo se traducirá en peor calidad de vida para las familias, costos más altos de producción para las empresas y más vulnerabilidad para el conjunto de la sociedad. La soberanía energética no se mide solo en megavatios generados, sino en la capacidad real de la economía sin que el precio del barril en el mercado internacional decida su destino.
