La Agroganadera Pindó SA, ubicada frente al Puesto Policial N°4 de la colonia Naranjito en Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, emitió un comunicado en el cual sostiene que el ataque a la sede policial que dejó dos policías y un civil fallecidos, además de la destrucción total del lugar y varios vehículos, evidencia el alto nivel de organización, capacidad logística y poder operativo de grupos criminales que desafían directamente al Estado paraguayo.
A partir de ese hecho, plantea que el atentado podría guardar relación con las estructuras criminales que, según afirma, vienen operando desde hace años en un inmueble de su propiedad, de unas cinco mil hectáreas, ocupado ilegalmente en Canindeyú, específicamente en el asentamiento 1° de Marzo en donde están entre 350 y 400 familias.
Lea más: Ex comandante de la FTC analiza la actualidad del EPP tras ataque a sede policial de Naranjito
La empresa señala que durante más de una década presentó denuncias, aportó pruebas y documentó hechos como ocupaciones ilegales, delitos ambientales, destrucción de infraestructura, amenazas y actos de violencia contra trabajadores.
El comunicado aclara que no afirma que los responsables del ataque sean los mismos investigados en la causa Pindó, pero considera que existen coincidencias en el territorio, el modus operandi y la presencia de organizaciones armadas que justifican una investigación exhaustiva para determinar posibles vínculos.
Asimismo, cuestiona la falta de una respuesta estatal oportuna frente a las denuncias realizadas durante años, sosteniendo que esa inacción habría favorecido el fortalecimiento del crimen organizado.
Nota relacionada: Autopsia de civil asesinado en Naranjito confirma un solo disparo: “Aparentemente no era el objetivo”
Finalmente, exhorta a la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) a coordinar acciones para recuperar el control territorial, profundizar las investigaciones y evitar que organizaciones criminales continúen consolidando su influencia en la región.
El documento concluye que el ataque trasciende un hecho policial y constituye un problema de seguridad nacional.
Afirma que a pesar de las denuncias realizadas y pese a que existen órdenes de desalojos, estas nunca fueron ejecutadas.
La empresa cree que por el establecimiento cruzaron para llegar hasta el puesto policial y tras cometer los homicidios retornaron nuevamente por el lugar. Exigen a las autoridades intervenir el asentamiento teniendo en cuenta que ellos aportaron pruebas al Gobierno; sin embargo, nunca obtuvieron respuestas.
