En primer lugar, la desactualización de la canasta; en segundo lugar, la falta de consideración de las desigualdades en el consumo y los problemas que tienen los promedios generales en sociedades tan desiguales como la paraguaya, y en tercer lugar, el conflicto existente entre la elaboración del dato y el implementador de la política respecto de la inflación, el Banco Central, que es juez y parte, situación criticada en cualquier política pública, ya que estas competencias deben corresponder a instituciones diferentes.
La inflación total acumulada durante el año se ubica en 3,0%, y el aumento de precios interanual en 3,6%. Este último dato es el resultado que el BCP informará a la Comisión Nacional de Salario Mínimo para que sea la base del reajuste del salario mínimo.
Respecto a la inflación núcleo, que excluye los precios de productos por estacionalidad y la volatilidad, esta se ubicó en 0,3% en mayo, mientras que acumula en el año 2,2% y, de manera interanual es de 4,0%.
El dato de inflación 0, junto con la posibilidad de que el salario mínimo suba solo G. 100.000 a partir de julio, suscitó comentarios, en su mayoría negativos, en las redes sociales que muestran el gran descreimiento de la población en esta importante estadística oficial.
La falta de confianza o legitimidad de las estadísticas oficiales no es un problema menor para las políticas públicas y la gobernanza económica. La población no es una entelequia que hace comentarios inocuos en las redes.
Las opiniones y reacciones deben ser tenidas en cuenta; en la población hay empresarios, políticos, consumidores que toman decisiones que afectan a todos los mercados.
Los agentes económicos dependen de datos confiables para diagnosticar problemas, diseñar sus estrategias, contribuir al diseño de políticas públicas, asignar recursos eficientemente y evaluar el impacto de sus acciones.
Datos poco creíbles llevan a decisiones erróneas, mercados que funcionan mal y políticas ineficaces o contraproducentes.
Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática, proporcionando al Gobierno, la economía y al público datos sobre la situación económica, demográfica, social y ambiental. Cuando la población confía en las estadísticas oficiales, confía más en las instituciones que las producen y en el Estado en general. Por el contrario, la percepción de manipulación o falta de calidad de los datos generan desconfianza y polarización, debilitando el contrato social.
Sin legitimidad y confianza, las estadísticas oficiales pierden su valor y propósito. Las estadísticas son un bien público esencial que sostiene la gobernanza democrática, la eficacia de las políticas, la estabilidad económica, la cohesión social y la capacidad de una nación para progresar de manera informada y transparente.
La construcción de los datos cuenta con rigurosos principios internacionales, así como con normativas nacionales. Paraguay debe avanzar en la elaboración de los datos de inflación de manera transparente y rigurosa para garantizar la confianza no solo de la población paraguaya, sino también de otros relevantes agentes económicos que el Gobierno está interesado en llamar la atención como los inversores externos.
