Waldemar Benítez Fernández, líder de la mencionada comunidad, dijo que ante la desidia de las autoridades, reunió a los habitantes para analizar la situación crítica en la que viven y allí se tomó la determinación de llevar adelante la construcción de la escuela, puentes y otras infraestructuras por cuenta propia.
Para el efecto, este viernes, el líder se constituyó en la fiscalía de Curuguaty acompañado por Néstor Flores, presidente de la Asociación de Parcialidades Indígenas (API) ,y el facilitador judicial comunitario Antonio González, a fin de solicitar permiso para utilizar los recursos naturales.
“Estamos aserrando las maderas para producir tablas y queremos tener todos los documentos a fin de evitar problemas”, comentó. Sin embargo, surge un inconveniente para iniciar la obra del aula, y es que indefectiblemente se precisa del concurso de un profesional constructor y “nadie quiere trabajar gratis”, precisó.
Lea más: Alumnos estudian en pasillos o bajo árboles ante peligro de derrumbe
A la par de los problemas, los nativos dicen que también sufren del asedio del ex cacique Aurio Núñez, quien constantemente se opone a cualquier proyecto que va en beneficio de la comunidad. Benítez dijo que esta situación ya se puso a conocimiento del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), de manera a que tome intervención.
Por su parte, Néstor Flores refirió que la comunidad no tiene puentes ni camino y, para agravar la situación, Pedro Viudes, propietario de la estancia lindante, llamada Guaraní, no permite el paso por la propiedad e incluso sufren amenazas de muerte si transitan por el tramo.
“Ya nos fuimos varias veces al intendente (Emigdio Morel), y siempre nos miente. A veces nos dice que cuando pase el mal tiempo se irían a arreglar el camino y nunca se van, siempre nos miente, ya estamos cansados, por eso tomamos esta iniciativa de encarar el trabajo”, manifestó Antonio González, facilitador judicial comunitario, quien a la vez confirmó que los alumnos de la comunidad asisten a clases en la intemperie o bajo árboles.
Intentamos comunicarnos con el jefe comunal Emigdio Morel para conocer su versión ante los problemas planteados, pero este no atendió las llamadas telefónicas a su número terminación 639.
Según la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM), de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda, Ypejhú, recibió la suma de G. 1.759 millones en concepto de royalties y Fonacide.
