Unas 150 familias indígenas ava guaraní bloquearon la ruta, que es el acceso asfaltado al centro urbano de Itakyry, como medida de fuerza para exigir la solución definitiva a un conflicto de tierras de más de 10 años. Los nativos sostienen que no saldrán de las calles hasta obtener respuestas.
Entre los puntos exigidos está la legalización de unas 2.638 hectáreas de tierras adquiridas por el INDI, individualizadas como las fincas 1.709 y 1.548, donde actualmente están asentadas cinco comunidades.
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Con la medida de fuerza exigen el levantamiento de varias órdenes de detención dictadas por el Ministerio Público en contra de 21 miembros de las comunidades, a raíz de la invasión de un inmueble, conforme a lo explicado por Agustín Benítez, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas del Alto Paraná.
El dirigente resalta que sus compañeros fueron imputados por haber ocupado una finca, reclamada por un tercero, que está dentro de las 2.638 hectáreas adquiridas por el INDI.
“Necesitamos que ellos vengan y aclaren a los ocupantes no indígenas que esas tierras nos pertenecen. La comunidad Loma Tajy tiene una constancia a su nombre sobre esas tierras y la comunidad Ka´aty Miri posee personería jurídica. Las comunidades indígenas están generalmente abandonadas por el INDI. Ya son varios años de lucha y estamos cansados”, afirmó el líder.
En el inmueble están afincados las comunidades de Ka´a Poty, Kaáguy Roky, Isati, Ka´aty Miri o Formosa y Loma Tajy, habitada por más de un centenar de familias.
Estudio y conclusión
Los antecedentes dan cuenta de que en octubre del año 2011 una comisión ad hoc, que se creó luego de casi tres años de conflicto judicial por las tierras, señaló que en parte había superposición de títulos sobre las tierras adquiridas por el INDI.
Del total, unas 1.165 hectáreas estaban libres del problema, mientras que el resto se adquirió cuando las demás fincas ya fueron inscriptas, según el documento que llevaba la firma de representantes del Ministerio del Interior, de la Procuraduría General de la República, la Escribanía Mayor del Gobierno y la Dirección Nacional de Catastro.
Los indígenas fueron desalojados en varias ocasiones, pero finalmente los que reclamaban la propiedad tuvieron que abandonarlas.
El último conflicto se registró con asesores y un administrador de la firma alcoholera de Impasa, quienes llegaron a convencer a una comunidad que abandonara el inmueble. Los demás volvieron a ocupar las tierras que recuperaron nuevamente.
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