La suspensión del juicio oral fue decretada a pedido de la fiscala Natalia Fuster, quien alegó la falta de una pericia contable y el inicio del caso de audios filtrados del JEM, que tampoco se llevó a cabo, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
En la causa en la que está acusado el ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), figuran como coprocesados sus hijos Allan Israel Cárdenas Rodríguez, Justo Pastor y María Alejandra Cárdenas Pappalardo, esta última por supuesto lavado de dinero.
Según la acusación, Justo Cárdenas aparentemente tuvo egresos que superan sus ingresos, considerando no solo los de la función pública, sino también en la parte privada. El mismo constituyó firmas y compró vehículos.
Entre julio de 2008 a julio de 2018 el titular del Indert tuvo un ingreso de G. 5.364.894.000 y un egreso de G. 8.009.595.082, lo que da la diferencia sin justificación legal de G. 2.644.701.082.
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En cuanto al lavado de dinero, la Fiscalía considera que el encausado integró un inmueble de propiedad como capital social y aporte por acciones por valor de G. 250.000.000 autorizado el día 19 de julio del 2017 conforme Acta de Asamblea N° 7/2017 de la firma Agroindustrial Ganadera JPC S.A.
Por otra parte, su hijo Justo Cárdenas Pappalardo, entre sus 18 y 23 años tuvo un egreso de G. 1.519.709.300 y figura como accionista de dicha firma. El joven adquirió supuestamente acciones por G. 200.000.000 proviniendo el dinero del presunto enriquecimiento ilícito de su padre.
Por su parte, María Alexandra, entre sus 18 y 19 años de edad, adquirió un inmueble, un vehículo y acciones de sociedades por la suma de G. 1.224.486.000.
Finalmente Allan, ex funcionario de la Corte, operó de la misma forma, según la investigación. Aparentemente, ninguno tributaba ante Tributación.
