El Juzgado de Villalba, así como de los demás cuatro jueces, fue objeto de auditoría por parte de la Corte, saltando allí presuntas irregularidades. A raíz de esto, la Fiscalía allanó su oficina a mediados de febrero.
Tras analizar los expedientes incautados, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero –y tras ser confirmados en la causa– concluyeron que él estuvo implicado firmando 88 resoluciones judiciales violando el derecho.
Supuestamente, él sabía que las notificaciones que se debían hacer no fueron realizadas “y que la formalidad plasmada en las actuaciones obrantes en los expedientes eran al solo efecto de dar una apariencia de legalidad”.
Implicados. Además de Villalba, también están imputados el abogado Alejandro Valiente; el actuario judicial Aaron Itamar Valdez; los ujieres Osvaldo Insfrán y Jorge Montiel, así como el oficial de Justicia Ronald Navarro.
El abogado Valiente –como representante de la empresa de cobranza Credisolución Saeca– presentó las 88 demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos.
Estos, sin embargo, tenían pagarés sin indicación del beneficiario.
Este habría tenido la colaboración de los demás imputados, ya que las notificaciones a los supuestos deudores de los 88 casos nunca se hicieron.
A sabiendas de eso, el actuario habría fraguado informes para supuestamente dar apariencia legal.
Esos informes sirvieron para que el juez saque las resoluciones de embargos de bienes de los supuestos deudores, quienes en realidad serían víctimas, ya que los pagarés utilizados en las demandas serían falsos, o muchos de ellos ya saldados.
El juez Villalba fue imputado por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. Los demás están por los hechos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Algunos también como cómplices del prevaricato y otros como instigadores.
Estos últimos habrían facilitado los trámites de las demandas para avanzar en las distintas etapas del juicio, hasta que sean ejecutados los pagarés.
Con conexiones. El ujier Osvaldo Insfrán tendría conexiones políticas, ya que sería parte del gremio del presidente del Consejo de la Magistratura, Gerardo Bobadilla, y del ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Además, según denuncias, sería yerno de la jueza de Sentencia, Elsa García.
De acuerdo con la imputación, el ujier, además de las 88 notificaciones falsas que consignó supuestamente en las demandas de Credisolución, también lo hizo en 25 juicios promovidos por las empresas Negofin Cobranzas SA, Negocios y Servicios SA, Corredores de Riesgo SA, y de la firma Nexo SA.
En total, habría consignado falsamente en sus informes en 113 ocasiones que fue a notificar en ciudades diferentes.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú ya recibió la comunicación de parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de que fue desaforada la jueza Nathalia Garcete, imputada semanas atrás en la misma causa. Ahora el magistrado decidirá si admite o no la imputación y luego fijará fecha para la imposición de medidas. Respecto a la pérdida de fueros con relación a los jueces Víctor Rodríguez y Analía Cibils, hasta el cierre de esta edición, el juez Rodrigo Estigarribia todavía no había recibido el reporte.
