Desde el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), miembro del Consejo Nacional de Salud conforme a la Ley 1032/96, advierten a la ciudadanía y a las instituciones del Estado sobre un supuesto hecho de extrema gravedad que podría constituir un macrofraude de administración pública dentro del sistema de salud.
Según informaciones recibidas por dicho gremio, el Ministerio de Salud habría efectuado pagos por procedimientos de ablación cardiaca.
Señala que dichos montos están fuera de los parámetros nacionales e internacionales, lo que configuraría presunta estafa, lesión de confianza y perjuicio al Estado paraguayo.
El CPM recuerda que a fines de octubre, un vocero del Ministerio de Salud informó públicamente que existían órdenes judiciales que obligaban al Estado a garantizar procedimientos de ablación cardiaca.
La gestión privada comunicaba un costo probable de G. 1.300 millones por cada paciente para esta intervención.
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Posteriormente, el círculo obtuvo información de que ya se habrían desembolsado más de USD 1.000.000 por menos de 10 procedimientos de ablación cardiaca, utilizando recursos públicos.
Los médicos brindan además los rangos económicos de referencia utilizados en electrofisiología, basados en estándares nacionales e internacionales.
Detallan que para el síndrome de Wolff-Parkinson-White, complejidad baja a media, sin mapeo 3D el costo es entre G. 80 millones y G. 120 millones.
En el caso de las arritmias supraventriculares complejas, complejidad media a alta, mapeo 3D ocasional el costo ronda entre los G. 180 millones y G. 250 millones. Las arritmias ventriculares o fibrilación auricular compleja, alta complejidad, mapeo 3D avanzado, estiman un monto de G. 350 millones a G. 400 millones.
El comunicado especifica que una orden judicial puede exigir la realización del tratamiento, pero no establece tarifas, no fija honorarios médicos y no autoriza el pago automático de los montos transmitidos por un prestador privado.
El Ministerio de Salud, como órgano financiador, debe verificar de manera previa y documentada los honorarios médicos, el costo real de catéteres e insumos.
También debe controlar los materiales efectivamente utilizados, la necesidad documentada de mapeo 3D, el derecho sanatorial, la duración del procedimiento y la complejidad clínica comprobada.
“El Ministerio no puede limitarse a financiar montos declarados por terceros, debe verificar, comparar tarifas y establecer criterios técnicos de costos antes de autorizar cualquier desembolso”.
Solicitud a la Fiscalía General del Estado
Teniendo en cuenta estos hechos, el Círculo solicita al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la apertura inmediata de una investigación penal sobre los pagos realizados por procedimientos de ablación cardiaca.
Esto –dice– atendiendo a que podrían constituir un “macrofraude” de administración pública con posible adecuación a los hechos punibles de estafa agravada, lesión de confianza, administración en perjuicio del Estado, sobrefacturación y uso indebido de recursos públicos.
Pide que esta causa sea asignada a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Argumenta que esta es la instancia técnicamente competente, independiente y legalmente encargada de investigar daños patrimoniales al Estado y posibles esquemas de facturación irregular en el ámbito de la salud.
