Recientemente, la diputada liberal Roya Torres pidió públicas disculpas por la situación de su hijo. La denominada situación se trata de que el joven de 19 años, Elías Godoy Torres, por una asignación laboral del Estado como asesor percibe G. 9.500.000. Tras el escándalo, fue a cumplir horario laboral en la oficina de su padre, intendente de Presidente Franco.
Quien no ha pedido disculpas es el vicepresidente de la República. Su hija, Montserrat Alliana, fue nombrada en el Congreso Nacional, donde percibe más de G. 18 millones, y aclara que no va a renunciar, pero que está dispuesta a someterse a una investigación si el Ministerio Público abre una causa en su contra; ella tiene 25 años y cumple funciones en una coordinación inventada en la Cámara Baja, según corroboró Última Hora. Gana G. 18.000.000.
Estos dos casos son los más recientes y mediatizados, pero hay más. La fiscala Belinda Bobadilla, de Delitos Económicos, solicitó informaciones referentes al desempeño de las funciones de parientes de legisladores que trabajan en el Congreso Nacional; solicitó detalles como el lugar donde prestan servicios, los cargos que ocupan y las funciones que les corresponden desempeñar, el horario que deben cumplir, etc.
Los documentos solicitados refieren a Silvana Jazmín Busto Adorno, hija del diputado José Mino Adorno (ANR); Silvia Noemí Vega, esposa del diputado Benjamín Cantero (ANR); Liz Liliana Aguilera Rotela, esposa del diputado Cleto Giménez (PLRA) y sus hijas Johana Denisse Giménez Rotela y Danna Maricela Giménez Rotela; Vidala Franco Medina, esposa del senador liberal y miembro del Consejo de la Magistratura Édgar López; Yanina Montserrath Maidana Figueredo, hija del senador Derlis Maidana (ANR), y Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana. En el pedido de informe se incluyen las investigaciones de las denuncias contra Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada liberal Roya Torres, y Alejandro Ovelar, hijo del presidente del Congreso.
Una evidente señal de la degradación de nuestra política son precisamente las excusas de estos padres y madres, que son autoridades electas, al afirmar sin vergüenza alguna que no se trata de nepotismo, pues no han sido ellos los que contrataron a su prole. La respuesta en sí es arrogante e insolente, pues podemos suponer que la hija de un conductor de transporte público, o el hijo de un trabajador de la construcción, sin conexiones políticas, es poco probable que vean a sus hijos ocupar un cómodo escritorio en el Parlamento, habiendo terminado apenas el bachillerato, y sin concursar por el cargo.
Miles de jóvenes paraguayos son víctimas de un país desigual que no les ofrece oportunidades de desarrollar sus capacidades y talentos, y difícilmente pueden acceder a los tres salarios mínimos que recibe el hijo de la diputada liberal, o a los más de seis salarios mínimos que percibe la hija del vicepresidente de la República. Esa es la juventud paraguaya sin oportunidades ni esperanza; por eso, es inaceptable la arrogancia de los hijos de diputados, senadores y del vicepresidente, cuando los millones que reciben sin estar cualificados para los cargos a los que accedieron sin concursar, son dinero público, que proviene del Presupuesto de la Nación, de los impuestos que pagan todos los paraguayos.
Corrupción es hacer un mal uso del dinero público, o conceder puestos de trabajo o contratos públicos a amigos, familiares o correligionarios, pero la corrupción además de socavar los recursos públicos, como bien expone Transparencia Internacional, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y exacerba aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental.
