Seis personas fallecieron a raíz del incendio en el penal de Tacumbú, cinco eran reclusos y uno era funcionario de la penitenciaría.
Ya en el 2013 esta institución estatal con autarquía funcional elevó un informe sobre las precariedades y los riesgos de siniestros. Las condiciones se mantuvieron según las visitas realizadas entre el 2015 y 2016.
Carlos Portillo Esquivel, del MNP, dijo que las mismas condiciones fueron constatadas dos años después. Lamentó que recién cuando se pierden vidas se hacen visibles las faltas que son arrastradas desde hace años.
Calificó el incendio como una “negligencia criminal”, atendiendo a que se cometió una omisión para tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de tragedias. Criticó que antes de resguardar la seguridad tanto de los internos como de los funcionarios se tenga la misión única de que “los reclusos no se fuguen, al precio que sea”.
Los miembros del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fueron este viernes hasta el penal pero solo lograron pasar la barrera policial. A pesar de que la Ley 4.288 les faculta la potestad de verificar el hecho desde el lugar, las autoridades les impidieron el paso y tuvieron que quedar en la calle a seguir el procedimiento de los bomberos y escuchar testimonios.
Informe sobre condiciones precarias del penal
Esta institución había detectado el desgaste de las instalaciones eléctricas y un riesgo de cortocircuito e incendios.
Constató la ausencia casi total de extintores y otros equipamientos, como alarmas y detectores de humo, así como la inexistencia de protocolos y entrenamientos para casos de emergencias que puedan derivar en hechos graves y pérdida de vidas.
El Ministerio de Justicia remitió al MNP el documento de Plan de Emergencia Penitenciaria, pero aún no ha sido socializado con otras instituciones involucradas y tampoco fue implementado.
En base a las visitas realizadas entre el 2015 y 2016, el MNP recomendó para el combate del incendio la construcción de dos tanques de agua con capacidad para 30.000 litros como mínimo; la instalación de 20 bocas de expendio de agua distribuidos en el predio; la habilitación de cuatro salidas de emergencia de los diferentes pabellones a lugares más seguros y mantener reuniones interinstitucionales con el Ministerio del Interior, de Defensa Nacional, la Fiscalía, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
En abril pasado el Ministerio de Justicia había declarado emergencia penitenciaria por 10 meses ante el hacinamiento en las cárceles. En ese entonces había 4.011 internos y en mayo se redujo a 3.532, mientras que la capacidad de las instalaciones es de solo 1.687 personas.
El 80% de los reclusos carecen de condenas y están entre rejas por un abuso de prisión preventiva, según denunciaron varios organismos.
