Así calificó la revista económica inglesa The Economist a la democracia paraguaya. Era defectuosa, hasta hace un tiempo y ahora estamos a un paso de acabar en una dictadura como la de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Algo estamos haciendo muy mal para que nos perciban de esa manera en la biblia de los inversores extranjeros.
Claramente una de las patas cojas es la Justicia que hoy dirime el futuro de su fiscala general en el pantanoso como veleidoso territorio de los diputados. Donde, a pesar del involucramiento de Hugo Velázquez —ex miembro de dicha organización y donde su esposa es fiscala adjunta— sin el apoyo de los EEUU será muy difícil alcanzar una victoria pírrica. Porque así será si remueven a la titular del Ministerio Público, porque el sistema tiene raíces más profundas y requiere cirugía mayor.
No hay historias locales e internacionales que no se cuenten en clave de corrupción de la Justicia. El caso de la propiedad del fallecido médico español Sopeña es una demostración vergonzosa de cómo funciona el sistema. A su muerte cargaron contra su propiedad en Luque, valorada en cinco millones de dólares, fiscales, jueces y policías que comenzaron la labor de zapa contra una casa histórica del Paraguay. Se confabularon, inventaron, presionaron y demolieron todas las defensas posibles y el artículo en un prestigioso diario madrileño debe ser muy difícil de digerir para un lector español que cree que vivimos en democracia.
No nos podemos quejar de la pobre percepción que tenemos primero los paraguayos y luego los extranjeros acerca de cómo se hacen las cosas en el país.
El simple hecho de que un presidente de la República deba conversar en una calurosa siesta con el encargado de Negocios de los EEUU y el adjunto de seguridad (no se sabe si es FBI o CIA porque ni el nombre le tomaron a la entrada de la oficina presidencial) es una muestra de que nosotros no podemos con nuestras basuras. Alguien debe venir a llevarlas como lo hicieron alguna vez con Stroessner y Oviedo los brasileños a un alto costo que tuvimos que pagar todos por dicho alojamiento.
La debilidad institucional es muy costosa y degrada nuestra democracia. En ningún país serio una fiscala general decide investigar las denuncias de un ex fiscal devenido en ministro del Interior a las cinco de la mañana colocando a dos subalternos que ya no habían movido nada en más de dos años en un expediente similar. Uno de ellos es defendido ante el JEM ¡por el propio abogado de Cartes! A media mañana, el sospechado de manejar la Fiscalía se pone a las órdenes y comienza la compra de diputados para evitar los 53 votos del juicio político. Pocas horas más tarde ya se exhiben impúdicamente los trofeos adquiridos en el remate de los “honorables”.
Todo político con problemas judiciales se pasa al equipo que controla la Fiscalía y, como hay tantos, desde el Ministerio Público el propio Velázquez dice que se amenaza con mover expedientes si votan a favor del juicio contra Sandra Quiñónez. Solo nos falta ser negros para parecernos a Haití.
Así como sabemos que nuestras cárceles son call centers de la criminalidad y ante cualquier pez gordo capturado buscamos expulsarlos a otro país que lo reclama, así también hay un jepoka nacional para que los EEUU resuelvan el apokyta que tenemos. El nudo gordiano no vamos a poder cortarlo solos. Está tan amarrado e involucra a tantos que los costos pueden ser enormes.
No somos una democracia ni una dictadura... todavía. Estamos muy cerca de acabar siéndola si no limpiamos nosotros la basura que hemos acumulado. Ser simples gancheros del vertedero no resuelve nuestro drama y el gas metano que emerge del basural puede acabar con nosotros.
