El conflicto entre empresas transportistas y la Municipalidad de Hernandarias por la incorporación de tres buses eléctricos donados por el Gobierno de Corea del Sur ha escalado a instancias nacionales. Los empresarios del transporte anunciaron que recurrirán a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) para buscar una salida institucional al problema, mientras miles de usuarios se ven afectados por la suspensión del servicio en barrios periféricos.
El conflicto comenzó la semana pasada cuando las unidades eléctricas comenzaron a operar en el Municipio. La respuesta de las empresas privadas Chaco Boreal SRL, Ciudad de Hernandarias SRL y Hernandarias y Turismo SA fue inmediata puesto que dejaron de cubrir las rutas barriales que a su vez afecta gravemente la movilidad de los sectores más vulnerables.
Este jueves, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, representantes del gremio de transportistas explicaron que el permiso que ostenta la Comuna es, según su interpretación, únicamente para circulación experimental sobre rutas nacionales, no para prestar servicio público dentro del Municipio. Señalaron que la autorización que tiene el Municipio sirve, por ejemplo, para trasladar un equipo de deporte a otra ciudad, no para operar como línea regular de transporte urbano.
Aclararon que no cuestionan la gratuidad del servicio ni la innovación que suponen los buses eléctricos, sino la falta de un proceso legal y regulado que permita su incorporación al sistema de transporte de pasajeros. Según los empresarios, la falta de una licitación pública y de una resolución firme de la Dinatran deja en el limbo legal la operación de los buses donados.
Sin permiso
Los empresarios explicaron que su retiro de las rutas barriales no fue una represalia contra los buses eléctricos, sino una medida de cumplimiento de la resolución vigente de la Dinatran, que les permite operar exclusivamente entre las terminales de Hernandarias y Ciudad del Este.
Reconocieron, además, que nunca contaron con una ordenanza municipal que les autoriza a cubrir rutas internas dentro del casco urbano de Hernandarias. Su operatividad, dijeron, siempre estuvo limitada por el alcance de los permisos emitidos por la Dinatran.
Para los transportistas, esta situación demuestra la necesidad urgente de que la Dinatran emita un pronunciamiento claro y actualice su reglamentación ante los cambios que introduce la Ley de Electromovilidad, la cual, según expresaron, podría colisionar con la ley que rige el transporte público en el país.
Licencia válida
Por su parte, el presidente de la Junta Municipal de Hernandarias, Celestino Báez, reconoció que la resolución del conflicto debe pasar por la Dinatran. Sin embargo, sostuvo que, según su lectura del dictamen que acompaña el permiso otorgado al Municipio, sí existe sustento para considerar que las unidades eléctricas pueden operar como transporte público de pasajeros.
La ciudadanía, mientras tanto, ha expresado su malestar a través de redes sociales, con críticas directas a las empresas privadas. “Hace 30 años con pésimos servicios y buses chatarra, nunca mejoraron. Ahora vienen a presionar. La ciudadanía no puede seguir sufriendo por los caprichos de empresarios”, escribió Junior Escobar en una publicación que se viralizó. Otro usuario, Nery Ortiz, lamentó la falta de previsión: “Es una lástima que los buses no puedan llegar a Ciudad del Este en horario de trabajo. La gente humilde no llega a tiempo a su empleo”.
Este episodio ha abierto un debate más amplio sobre el modelo de transporte urbano, la resistencia de sectores tradicionales a los cambios tecnológicos y el papel de los municipios en la innovación del servicio público. Aunque los empresarios aseguran estar a favor del ingreso de nuevas tecnologías, advierten sobre el riesgo de sentar malos precedentes legales si no se respeta la normativa vigente ni se garantiza un proceso competitivo y transparente para la prestación del servicio.
Mientras tanto, se espera que a instancia de la Dinatran se encuentre una salida al conflicto. Se espera que, tras la presión de ambas partes, el organismo emita un dictamen definitivo que aclare el alcance del permiso otorgado al Municipio y defina el futuro del servicio en Hernandarias.
