Bajo patrocinio del defensor del Pueblo, Rafael Ávila, los trabajadores de la educación plantean una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Reforma de la Caja Fiscal, que consideran contraria a varios artículos de la Constitución.
Blanca Ávalos, secretaria general de la OTEP-MS, explicó que son 24 las organizaciones que firman la acción ante la Corte Suprema de Justicia, donde atacan la Ley 7633 que modificó la Caja Fiscal promulgada a comienzos de este año.
Según informó, agotaron la instancia, ya que entregaron un pedido de veto parcial ante el Poder Ejecutivo, pero “ni miró el presidente de la República, entonces ahora queremos llegar a la Corte Suprema de Justicia, entregar y también solicitar la medida cautelar”.
Indicó que la acción debe seguir con todos los procedimientos para que los ministros puedan considerar los argumentos de la acción promovida.
Entre los argumentos están que el aporte patronal del 10% debe verse en forma concreta, ya que ellos, desde el mes pasado, ya estaban aportando el 19% para la Caja Fiscal y 5,5% para el Instituto de Previsión Social (IPS), que representa el 24,5% del salario docente.
Alegó además que hay una parte del artículo 11 de la citada normativa, que habla de que no se puede retirar por ser deficitaria. “O sea, se nos confisca el salario y no podemos retirar en caso de que el docente quiera retirarse”, refirió.
Ávalos remarcó que esperaban que la Corte Suprema de Justicia sea independiente de las demás instituciones y que revise profundamente la acción promovida, que era necesaria para rever esa normativa y abrir un debate amplio sobre la seguridad social en nuestro país.
Acotó que los que plantean la acción son 24 asociaciones del área de la educación, algunas de ellas no pueden firmar por cuestiones legales, ya que sus papeles están retenidos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero que de todas formas acompañan.
Otro punto cuestionado es el tema de la igualdad, aseguró la sindicalista, ya que los magistrados tienen otra forma de jubilación, cuentan con privilegios, y los policías se pueden jubilar a partir de los 15 años.
“Esa desigualdad que hay en la misma Caja Fiscal también nos lleva a plantear la inconstitucionalidad frente a estos abogados y grandes magistrados que hay en el Poder Judicial”, afirmó.
Lo que pretenden es que el empleador aporte mayor cantidad que el trabajador, pero, en este caso, los docentes aportan el 19% y es la primera vez después de 117 años que el Estado se compromete, “porque hay que ver si es que se concreta el 10%, porque a veces ellos ponen en el papel y no cumplen”, dijo Ávalos.
“Entonces, creemos que el Estado debe aportar más. Este 1 de junio tenemos una movilización frente al Ministerio de Educación, donde le van a entregar una propuesta de presupuesto que incluya el 4% más dentro del aporte patronal que se pueda ver para el año 2027", manifestó.
Con ello, entienden que el Estado debe aportar un 14% para la Caja Fiscal, como contrapartida del aporte de los trabajadores.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, explicó que la Defensoría del Pueblo, solo patrocina la acción de inconstitucionalidad, por lo que dejó que los gremios expongan los argumentos.
