“El tema de la mujer, y propiamente de la violencia que afecta a las mujeres, no está en prioridad, no hace falta más que mirar el Presupuesto General de Gastos de la Nación. ¿Cuánto destinan a programas de políticas públicas de prevención contra la violencia se están asignando recursos?”, cuestiona la ex defensora general Lorena Segovia.
De enero a setiembre de este año, se realizaron 27.967 denuncias por violencia familiar en todo el país y se reportó la alarmante cifra de 22 casos de feminicidios y 30 casos de tentativas. En la última semana, los trágicos hechos violentos pusieron en alerta a las autoridades con tres casos de feminicidios y dos intentos, cuyas víctimas sobrevivieron.
“La asignación de recursos para este tipo de acciones es mínima”, se quejó Segovia.
Es más, es la cooperación internacional la que más colabora con nuestro país con cursos de capacitación, organización de jornadas para formación de actores de Justicia y otros, sostiene Segovia, quien insistió en que se debería tener como prioridad el grave tema de la violencia y la violencia extrema, además de asignar más recursos a la asistencia a víctimas.
En ese sentido, la coincidió en el poco recurso que se emplea para erradicar y prevenir los hechos violentos contra la mujer.
“Nuestro país necesita realmente exponer esta situación como una prioridad en la agenda. Hoy los Juzgados de Paz están colapsados, la Fiscalía está colapsada y la Policía Nacional no tiene herramientas, a veces no tiene ni patrullera, o si tiene no tiene combustible”, visibilizó el problema. Por ello, dijo que se necesita fortalecer con una “justicia especializada”.
Pocos funcionarios para alta cantidad de denuncias
La defensora pública contó que el caso de Deysi la desgarró, porque la joven hizo todo lo que el sistema le pedía, denunció y aún así quedó desprotegida hasta su muerte.
“De nada sirve hacer una ley de emergencia como en su momento, de feminicidio, que no tenía ningún presupuesto, si al final lo que necesitamos es que la Policía llegue más rápido, que la Fiscalía atienda más rápido, que puedan revisar la denuncia rápido, imputar rápido”, aseveró Saint Paul.
Según registro de la Fiscalía, las ciudades del Departamento Central lideran la cifra de denuncias por violencia y feminicidios, pero no cuentan con una Fiscalía Especializada en Violencia Familiar. Tampoco hay comisaría especializada en violencia familiar.
“Nuestro país necesita realmente exponer esta situación como una prioridad en la agenda. Los Juzgados de Paz, la Fiscalía está colapsada y la Policía Nacional no tiene herramientas”.
Para las 19 ciudades de este departamento, solo hay tres defensores públicos. “¿Te parece que aunque tengas toda la predisposición del mundo, vas a poder darle la atención y el trámite a todo ese volumen de casos que vienen.
La Fiscalía dice que solo en Asunción se llega a reportar 100 denuncias por semana y hay solo seis fiscales especializados, deberían ser diez”, lamentó.
Dar una respuesta humanamente posible a ese caudal de denuncias es improbable, cuestionó Saint Paul.
Por su parte, Segovia añadió que se debe dotar a los juzgados para que estos hagan un monitoreo de las medidas de protección y recomendó hacer una evaluación de riesgo de la mujer que denuncia, para determinar si en esa orden de alejamiento no se puede ya aplicar la tobillera para protección de la víctima.
