Los integrantes del gremio se unieron a la “no criminalización de las luchas sociales y, por ende, a la prosecución del proyecto de ley que eleva la pena y lo convierte en crimen”, según el escrito firmado en Capitán Miranda, Itapúa, con fecha de este lunes.
El Gremio de Productores del Paraguay consideró que los diferentes hechos punibles cometidos durante una manifestación legítima, amparada por la Constitución Nacional, ya están tipificados tanto en el Código Penal, Código Civil y otras leyes especiales.
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Por lo tanto, con la modificación de un artículo inserto en el Código Penal, “pretendiendo elevar el hecho punible a la categoría de crimen, con el fin de supuestamente garantizar la libre circulación, se estaría amedrentando al pueblo paraguayo para realizar sus legítimos reclamos, generalmente no escuchados y mucho menos solucionado en una mesa de diálogo”, reza el comunicado firmado por Dany Matwjczuk, presidente del GPP con asiento en Capitán Miranda, Departamento de Itapúa.
Como ejemplo, citan las largas luchas con los poderes del Estado, desde el año 2012, para llegar a un acuerdo en cuanto al pago flexible de las deudas de los productores que nunca desconocieron.
“La Constitución Nacional establece que todos somos iguales ante la Ley, sin embargo, la modificación planteada favorecería solo a un sector que es el empresariado, a quienes, en muchos casos, no se los controla y mucho menos se les sanciona. Con la aprobación de la citada modificación, nos estarían acorralando a seguir trabajando en condiciones adversas a nuestros legítimos intereses, coartando nuestro derecho a ser escuchados”, señala el documento.
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Asimismo, consideran que “con este proyecto de ley, el Estado haría caso omiso a los reclamos populares presentados decentemente, siendo que la propia Constitución garantiza las manifestaciones pacíficas como medio para reclamar los derechos; lo que implica el cierre, (momentáneo, sin vulnerar derechos de terceros), lo que sin duda alguna se interpretaría como una contravención a la ley y el consiguiente proceso penal, amparado por quienes poseen otros intereses”, señala.
Los productores solicitan a las autoridades que tengan en consideración a todos los sectores y, sobre todo, cómo afectaría la aprobación de la propuesta legislativa, ya que en la mayoría de los casos los reclamos se realizan en beneficio, directa o indirectamente, de todos los ciudadanos y no a favor de un sector, aseguran.
