Señaló que esta práctica “reduce a formalidades” a los comités ejecutivos de Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) y del Consejo Nacional de Salud, eliminando controles que el propio Ministerio de Salud Pública “está obligado a acatar”.
El gremio expuso dos “casos clínicos institucionales” para ilustrar las irregularidades. En el primero, señaló al Ministerio de sustituir ilegalmente al Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud al remitir por cuenta propia el nombre de un candidato a superintendente interino, “como si fuera una decisión institucional del Comité”.
Además, denunció que dicho candidato incurrió en “fraude documental comprobado” durante el concurso para superintendente definitivo, pero fue sostenido en el cargo gracias a “la mayoría automática”.
En el segundo caso, el gremio médico afirmó que el Ministerio remitió a la Contraloría el Plan de Mejora de Fonaress “como si fuera una decisión institucional del Comité”, pese a que nunca fue tratado ni aprobado.
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Criticó que la Contraloría General de la República (CGR) haya aceptado este documento “legitimando una falsedad institucional” y permitiendo la “usurpación” de funciones del órgano colegiado.
Ante este escenario, el CPM elevó pedidos a las autoridades. A la Contraloría le solicitó “no aceptar ni convalidar” el plan remitido por el Ministerio, por tratarse de un documento irregular; a la Justicia, pidió que actúe de oficio ante hechos vinculados a “fraude documental y usurpación de funciones”, y al presidente de la República, que intervenga en Fonaress y el Consejo Nacional de Salud.
‘‘Se solicita al señor presidente (Santiago Peña), en su calidad de administrador general del Estado, que atienda estos hechos cuya corrección demanda mínimo tiempo y máxima responsabilidad, a fin de restablecer el orden institucional en dos organismos esenciales para la salud pública’’.
