El Estado paraguayo cobra IVA a las vacunas que compra, mientras se niega a subir impuesto a los productos que más enferman.
Es una paradoja difícil de explicar: el Estado se cobra a sí mismo, y termina pagando el programa nacional que debe garantizar el acceso gratuito a las vacunas.
No debería ser así. La Ley Nacional de Vacunas exonera de todo tributo la adquisición de vacunas e insumos para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). En noviembre de 2025, el Congreso fue más allá: la Ley 7577 reafirmó la exoneración y dispuso que los recursos ahorrados por no pagar impuestos se usen para fortalecer al programa.
Pocas semanas después, la Ley de Presupuesto 2026 suspendió de manera general las exoneraciones tributarias, y la de las vacunas no figuró entre las excepciones. En 2026, el Ministerio de Salud pagó más de G. 2.100 millones de IVA por la compra de vacunas contra la Covid-19 y aún adeuda G. 3.334 millones.
Lo que esos impuestos le quitan al programa
En 2025, la mitad del dinero que el PAI usó para gastos operativos se destinó a pagar impuestos y tasas. En 2026, la proporción es similar. Es decir, los impuestos compitieron por los mismos recursos que se necesitan para comunicación, mensajería, logística, capacitación y otras herramientas indispensables para buscar a los niños con esquemas incompletos, recuperar coberturas y enfrentar brotes, como el del sarampión, que hoy vuelve a amenazar a la región.
Un programa de inmunizaciones no es solamente comprar vacunas. Necesita vacunadores que lleguen a las comunidades, vehículos con combustible, cadena de frío, registros confiables y mensajes claros que generen confianza. Cada guaraní que se saca de este componente operativo resulta en una limitación importante para el PAI.
Una vara distinta para la salud
La contradicción se vuelve más evidente considerando productos que dañan la salud. El impuesto selectivo al consumo del tabaco está en el 22%, aunque la ley permite llevarlo hasta el 24%. Este impuesto recauda poco más de USD 50 millones al año, mientras que las enfermedades asociadas le cuestan al Estado unos USD 300 millones en atención médica. Si se suman la productividad perdida y los cuidados a los enfermos, el costo total alcanza USD 500 millones. Paraguay tiene la tasa más baja de la región. En vez de usar el margen de 2% para recaudar más, el Estado cobra impuestos a vacunas.
En agosto de este año se volvió a presentar en el Senado un proyecto de arancel fijo al tabaco: G. 2.300 por cajetilla de cigarrillos. Según los proponentes, permitiría recaudar USD 700 millones para salud, mejorar los salarios de los médicos y comprar medicamentos. Desde la DNIT, salieron al paso descartando aplicar el margen de impuesto selectivo que queda y rechazando nuevos impuestos a los cigarrillos. Mientras tanto, las vacunas del PAI seguían pagando IVA. El resultado es una política tributaria que se resiste a gravar lo que enferma y, al mismo tiempo, cobra impuestos a lo que previene.
Lo que puede corregirse ahora
El Congreso discute en este momento el Presupuesto General de la Nación 2027, y tiene la oportunidad de asegurar que la exoneración de las vacunas quede expresamente protegida y se aplique sin demoras. También corresponde resolver la deuda tributaria acumulada en 2026 y garantizar que lo que se ahorre en impuestos vuelva efectivamente al PAI.
Una vacuna que llega a tiempo a todas las comunidades salva vidas, evita enfermedades y hospitalizaciones.
El PAI necesita todas sus herramientas para lograr buenas coberturas. Mejorar las cifras de recaudación a costa de este objetivo es contradictorio y contrario a la salud pública.
- “El resultado es una política tributaria que se resiste a gravar lo que enferma y, al mismo tiempo, cobra impuestos a lo que previene”.