El 30 de octubre, organizaciones paraguayas de distintos países se reunirán en Asunción para el VII Congreso de la Migración Paraguaya. Su importancia no se medirá por las fotografías ni por la solemnidad de su declaración final. La oportunidad es abrir una etapa nueva en la relación entre el Estado y los paraguayos que viven fuera, y también entre las propias colectividades.
No hablamos de una minoría anecdótica: Naciones Unidas estimó en más de 746.000 los nacidos en Paraguay que vivían fuera en 2024. Sus vínculos con el país no se agotan en las remesas, aunque en 2025 superaron los 1.350 millones de dólares, cerca del 2,7% del PIB. Detrás de esas cifras hay personas concretas, proyectos, derechos y una ciudadanía que no caduca al cruzar la frontera.
La primera exigencia es un Estado que atienda y sirva. El cierre del Consulado de Córdoba, la Embajada en Canadá y de otras sedes se justificó por ahorro y eficiencia. Pero un Estado más eficiente no debería ser un Estado más lejano. Priorizar otras áreas puede ser legítimo; lo cuestionable es recortar su presencia en el exterior mientras crecen los viáticos parlamentarios y subsisten exenciones fiscales para determinados sectores empresariales.
La segunda es participar de verdad. La reforma constitucional de 2011 reconoció el voto exterior tras años de movilización migrante. Pero ejercerlo sigue siendo difícil. La Ley 6951/2022 preveía inscribir automáticamente tanto a quienes cumplían 18 años como a los adultos que no figuraban en el padrón, incluso mediante cruces de registros extranjeros. La Ley 7443/2024 la derogó: mantuvo el alta automática al cumplir 18, pero obligó a los adultos no inscritos a solicitarla.
Las cifras merecen atención: según la Justicia Electoral, hubo 14.878 inscripciones en el exterior en 2024, entre ellas 11.468 automáticas. En 2025, después de la derogación, se contabilizaron solo 2.489 nuevas inscripciones por vías consulares, web y oficinas. El contraste muestra lo mucho que importa el mecanismo de incorporación. La Coordinadora de la Migración Paraguaya (Comipar) denunció el retroceso como una “ley mordaza migrante”. Un derecho constitucional no debería depender de superar una carrera de obstáculos.
Tampoco partimos de cero. La Política Nacional de Migraciones de 2015 ya contempla participación de las colectividades, diálogo y seguimiento. Tiene el mérito de existir, pero un compromiso escrito no sustituye la posibilidad real de intervenir en su aplicación y evaluación. No necesitamos otra ley en PDF subida a internet, sino interlocución regular, responsabilidades identificables y rendición de cuentas de lo actuado.
Los avances llegaron cuando las asociaciones se organizaron y encontraron instituciones dispuestas a escuchar. El desafío es dejar atrás una relación hecha de reclamos aislados y respuestas ocasionales, aprovechando los espacios de diálogo existentes.
Hay, además, una responsabilidad que nos alcanza a quienes impulsamos este Congreso. Ninguna organización, partido o dirigente resume por sí solo la diversidad de la migración. La unidad no exige unanimidad ni borra las diferencias: exige construir acuerdos y sostenerlos, incluso cuando resulta incómodo. Quienes pedimos pluralismo al Estado tenemos que saber practicarlo entre nosotros.
El Congreso abre la oportunidad de iniciar otro ciclo, pero no garantiza conseguirlo. Su verdadero balance comenzará al día siguiente: cuando haya que transformar las palabras en compromisos, los compromisos en resultados y nuestras diferencias en fuerza compartida.
- “La reforma constitucional del año 2011 (enmienda) reconoció el voto exterior tras años de movilización migrante. Pero ejercerlo sigue siendo difícil”.
