Un total de 55 agentes policiales y 46 militares fueron individualizados como presuntos miembros de una red dedicada al tráfico internacional de armas, según indicaron autoridades del Gobierno en una conferencia de prensa realizada en Mburuvicha Róga.
El ministro de Defensa, Óscar González, señaló que el Gobierno ordenó una investigación a través de la Dirección de Material Belico (Dimabel) que derivó en la individualización de los sospechosos.
Los uniformados, supuestamente, compraban las armas legalmente, luego las entregaban al crimen organizado y alrededor de 20 días después realizaban una denuncia de extravío a la Policía Nacional.
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Por el momento, se tiene la sospecha de que fueron comercializadas 100 pistolas 9 milímetros, pero no se descarta que el número aumente en el transcurso de las pesquisas.
El general Melanio Servín, titular de la Dimabel, explicó que se realizó un estudio minucioso que detectó que uniformados fueron “víctimas” del esquema.
“Los reclutadores convencían a estas víctimas para prestarse a retirar las armas, como personal uniformado no llamarían la atención. Compraron las armas sin llamar la atención hasta que esto saltó”, mencionó.
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Los involucrados reconocieron el hecho cuando fueron convocados por las autoridades, informó el jefe militar, que también anunció que en los próximos días se realizará una denuncia al Ministerio Público.
Los uniformados, tanto policías como militares, recibían alrededor de G. 800.000 por cada arma que ponían a su nombre, indicaron los investigadores.
El valor total de las 100 pistolas rondaría los G. 1.000 millones y la venta a miembros del crimen organizado sería de G. 5.000 millones, dejando millonarias ganancias a las empresas importadoras.
