El año se había iniciado de manera turbulenta en el ámbito político, con las revelaciones del informe remitido a la Fiscalía por el juez Osmar Legal sobre los datos extraídos del celular del fallecido diputado colorado Eulalio Lalo Gomes. Ahora, mensajes desencriptados por la Europol muestran la utilización de la influencia del abatido diputado para interferir en instituciones a favor de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, y sus asociados vinculados al narcotráfico. También revelan un plan para matar a Marcelo Pecci en el 2020.
Detalles de conversaciones vía WhatsApp del diputado colorado Eulalio Lalo Gomes revelaban indicios de corrupción pública que involucraron a un diputado colorado, dos fiscalas y una jueza de Pedro Juan Caballero. Los chats causaron un escándalo a principios de este año, a nivel político y judicial: dos juezas renunciaron, mientras que otra fue removida del cargo por mal desempeño en sus funciones, los fiscales siguen en sus cargos, y la investigación abierta en contra de todos ellos en febrero de este año está en manos de los mismos fiscales que investigan al juez Osmar Legal, por supuestamente filtrar aquellos chats que provocaron el temblor.
El diputado cartista Orlando Arévalo presentó su renuncia a la Cámara de Diputados, pero antes de marcharse reclamó que otras autoridades salpicadas en las conversaciones sigan en sus cargos, y citó a los hermanos Alcaraz, Liliana, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y Marco, ministro de Inteligencia, así como el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, y calificó de “vendehumos” la cumbre de poderes convocada por el presidente Santiago Peña para tratar el escándalo de los audios de Lalo Gomes.
Peña había anunciado la instalación del Consejo Nacional Anticorrupción y leído un documento en el que se condenaba “cualquier acto que suponga la desnaturalización, corrupción o direccionamiento indebido de los órganos constitucionales”. También se expresaba un compromiso de reafirmación de la independencia de poderes y órganos: “Las instituciones republicanas funcionarán cada una en su ámbito, para que los hechos denunciados sean esclarecidos y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”, entre otros puntos.
Las declaraciones quedaron en la retórica. Pocos avances hubo en el transcurso del año para esclarecer las acusaciones que apuntaban a instituciones infiltradas por el crimen organizado, nada menos.
Ahora, mensajes enviados a través del sistema SKY ECC desencriptados por la Europol ilustran la utilización sistemática de la influencia del abatido diputado colorado Eulalio Gomes para interferir en instituciones estatales a favor de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, y sus asociados vinculados al narcotráfico. Los chats revelan asimismo mensajes de Alexandre con Anderson Ríos Vilhalva, alias Pepe, un pistolero ligado a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, en los que muestra la intención de matar en el 2020 tanto al fiscal Marcelo Pecci como al juez Luis Benítez, de Pedro Juan Caballero.
Los chats ilustran asimismo la manera en que Helga Lizany Solís Gomes, prima hermana de Alexandre, habría utilizado sus vínculos con funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y otras instituciones, para interceder o canalizar solicitudes a favor del clan Gomes; presuntamente fueron identificadas referencias a intervenciones directas de Alexandre y su padre en causas penales concretas, en las cuales habrían ejercido presión sobre magistrados o influido en funcionarios para orientar las investigaciones de manera favorable a sus intereses.
La información a la que se ha podido acceder a partir de las conversaciones, desencriptadas por la Europol, y antes con los chats del diputado Eulalio Lalo Gomes con juezas, fiscales y otros funcionarios, nos muestra la profundidad de la infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones. Esos contactos deben ser rigurosamente investigados, y la influencia que pueda tener la delincuencia debe ser cortada de raíz. De lo contrario, estaremos renunciando a vivir en democracia y en un Estado de derecho, y eligiendo permanecer secuestrados por el crimen organizado y el narcotráfico, que ponen en grave riesgo la institucionalidad.
