En el mes de abril pasado se había registrado el tercer ciberataque, en solo tres meses; ahora, el más reciente pasa a ser el cuarto y, probablemente, el más grave por sus implicancias. Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), desconocen las motivaciones de los delincuentes que vulneraron el sistema informático de diez instituciones del Estado paraguayo. La ciudadanía tiene el derecho a recibir respuestas y explicaciones de su Gobierno. La vulnerabilidad de nuestro sistema es inaceptable.
El experto en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar explicó que los recientes ataques expusieron ocho millones de registros y bases de datos; esto implica que fueron filtrados datos personales como nombres de la madre, del padre, dirección, teléfonos celulares, así como también documentos sensibles, datos médicos.
Como consecuencia, miles de paraguayos y paraguayas pueden ser víctimas de suplantación de identidad y otros ciberdelitos, había señalado el experto. En las redes sociales se hizo evidente esto, cuando muchas personas comenzaron a quejarse de las llamadas recibidas desde números extranjeros que les eran desconocidos.
El Gobierno hasta el momento desconoce las motivaciones de los delincuentes cibernéticos para la vulneración de datos en diez instituciones públicas, como el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, de Justicia y otros.
Según el titular del Mitic, Gustavo Villate, no se puede descartar que los hackers hayan actuado movidos por razones políticas, económicas o ideológicas, y que han tenido información respecto a un pedido de rescate para devolver los datos, que se realizó a una persona que no trabaja para ninguna institución pública.
Cuando sucedió el anterior ciberataque, autoridades y funcionarios del Gobierno habían anunciado un “proceso de investigación para validar la fuente y entender cómo se da esta filtración”. En su momento, la respuesta pareció lenta e insuficiente, considerando la gravedad de lo sucedido. A la luz de los actuales acontecimientos es posible calibrar la situación y afirmar que sin duda nos encontramos ante una verdadera crisis de seguridad. Frente a esta crisis, la reacción del Gobierno nos parece insuficiente. Precisamente a finales de marzo, el experto en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar ya había hecho la primera advertencia a través de redes sociales, con información proveída a él por sus colegas de la región, respecto a una filtración que comprometía bases de datos paraguayos. Desde entonces, nadie hizo nada para evitar la filtración.
Este grave tema debe ser abordado con seriedad. Uno de los poderes del Estado debe asumir sus responsabilidades, concretamente, es probablemente necesario que el Congreso Nacional declare emergencia de seguridad nacional tras los ataques cibernéticos que afectaron a las instituciones del Estado. Esto es urgente. Ahora más que nunca se hace imprescindible el compromiso de las autoridades, para que gestionen recursos y organicen una mesa de trabajo con personas que verdaderamente entienden la materia.
El Gobierno, al no haber asumido con más responsabilidad el primer gran ataque, es directamente responsable de la actual situación. Por tanto, debe asumir con más seriedad el problema. A nivel externo, es inevitable ya que se vea a las instituciones paraguayas fácilmente vulnerables.
El uso ilegítimo de datos personales, le resta credibilidad al sistema, por eso es oportuno preguntarse sobre la imagen del país: ¿Qué inversionista querría invertir aquí, cuando nuestro sistema es absolutamente vulnerable?
