En el caso del IPS, su estructura de gobernanza está sujeta a influencias políticas, lo que ocasiona decisiones dirigidas a beneficiar intereses particulares, opacidad en la gestión y una débil cultura técnica, lo que exacerba los desequilibrios financieros.
La discrecionalidad política en la toma de decisiones impide la implementación de las medidas necesarias y en los momentos oportunos. La designación de autoridades, basada en criterios prebendarios y clientelares en lugar de en méritos técnicos y experiencia, genera fragilidad institucional y obstaculiza la implementación de estrategias de largo plazo necesarias para la sostenibilidad de una política que, por sus características, requiere planificación de entre 30 y 50 años hacia adelante. Esta situación mina la confianza de trabajadores y empresarios, limitando el interés por la afiliación, lo que contribuye a la baja cobertura e informalidad.
Para contrarrestar estos problemas, se requiere de un funcionamiento basado en un alto perfil técnico, transparencia y rendición de cuentas y gestión por resultados. Este organismo debería estar compuesto por expertos seleccionados por sus méritos y legitimidad social y política, cuya gestión debe tener mandatos claros, bien definidos y mecanismos de blindaje frente a políticos, partidos políticos y ciclos económicos.
La independencia de sus autoridades es crucial para tomar decisiones basadas en la salud financiera del sistema y en la evidencia empírica sobre los parámetros (edad, tasas de contribución, fórmulas de cálculo) generadas a través de informes rigurosos y también blindados de intereses políticos coyunturales.
Una política de transparencia y rendición de cuentas es impostergable. Esto significa publicar de manera sistemática y accesible toda la información relevante: estados financieros auditados, proyecciones actuariales a 20, 30 y 50 años, el detalle de las inversiones y su rentabilidad, y el impacto financiero de cualquier nueva iniciativa o reforma. La implementación de un portal de datos abiertos permitiría a académicos, periodistas y la ciudadanía en general ejercer un control social efectivo. Esta apertura no solo disuade prácticas irregulares, sino que también construye confianza y facilita la creación de consensos informados sobre las necesarias reformas futuras.
La gestión burocrática tradicional debe ser reemplazada por un modelo de gestión por resultados. Esto implica definir indicadores de desempeño claros y públicos. El cumplimiento de estas metas debería estar vinculado a incentivos para los funcionarios en el marco de una carrera del servicio civil aislada del prebendarismo que caracterizó históricamente la entrada de funcionarios a la institución.
Paralelamente, es imperativa una modernización tecnológica integral que permita el cruce de información en tiempo real con otros organismos públicos con competencia en la formalización del trabajo.
La implementación de este nuevo modelo de gobernanza no está exenta de obstáculos. El principal desafío es la resistencia política, ya que estas reformas restarían poder de discreción a políticos. La sostenibilidad financiera del sistema de jubilaciones del IPS de Paraguay es, en gran parte, un problema de gobernanza. Su profunda transformación es condición sine qua non para garantizar su sostenibilidad financiera y restaurar la confianza de los paraguayos en su sistema previsional.
