El anuncio del traslado de las oficinas del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) a la ciudad del Ñemby despierta el rechazo de autoridades municipales y de vecinos. La mudanza, por otra parte, aparece como una respuesta al reclamo de vecinos del barrio Las Mercedes de Asunción que denuncian la inseguridad y las dificultades en el tránsito que se registran en la zona, argumentan que es por la presencia de los indígenas que acampan frente a las oficinas del INDI. Así, queda en evidencia que el Gobierno carece de planes para asumir la compleja situación.
Se ha vuelto casi parte de la normalidad reciente que indígenas de diferentes parcialidades que llegan desde el interior del país se ubiquen a la intemperie frente a la sede del INDI, sobre la avenida Artigas en la capital y ahí permanezcan por varios meses para reclamar la atención del Gobierno a sus reivindicaciones. Mientras no obtienen respuestas, bloquean la circulación del tránsito con el consabido embotellamiento, demoras y nervios por parte de los automovilistas.
En ese lugar permanecen ignorados por las autoridades y lentamente comienzan un proceso de indigencia, el cual tiene varias aristas. En cuanto a la ubicación actual del INDI, los vecinos del barrio Las Mercedes están molestos por la inseguridad, afirman que se registran casos de robos domiciliarios y que los indígenas van cayendo en adicciones. Por eso piden el traslado.
En junio de este año fue nombrado un nuevo titular del INDI, el general retirado Juan Ramón Benegas, quien reconoció no tener experiencia en el área. Él se desempeñaba como asesor de Seguridad de la Entidad Binacional Yacyretá y antes de pasar a retiro en 2016 fue director general de Tecnología de la Información y Comunicación de las Fuerzas Armadas (FFAA). La designación de una persona sin formación en el tema indígena es un mensaje del Gobierno que manifiesta precisamente el desinterés y la falta de preocupación.
Para “resolver” el problema del tráfico interrumpido y las quejas de los vecinos, se ha decidido mudar las oficinas a Ñemby. Ahí se inicia un nuevo conflicto pues tanto vecinos como autoridades municipales se oponen al traslado. “No tenemos nada en contra de los hermanos indígenas y sabemos que esta presencia de ellos en la capital del país es por falta de asistencia del Gobierno”, dicen, y la Junta Municipal de Ñemby declaró persona no grata al presidente del INDI, en medio del conflicto que genera la mudanza de sus oficinas.
Mientras tanto, nadie en el Gobierno se compromete a tratar la delicada situación en la que se encuentran cientos de niños, adolescentes, jóvenes indígenas que en la capital entran en contacto con el peor aspecto de nuestra modernidad: Las drogas. Una vez enganchados, pasean como fantasmas por las calles, víctimas también a quienes han abandonado a su suerte. Autoridad alguna se hace cargo de estas personas que llegan demandando asistencia para sus comunidades: Agua potable, electricidad, compra de semillas y herramientas. Cuando vivían lejos en el bosque tenían comida, pero sin bosques qué pueden hacer.
Por otra parte, las comunidades indígenas padecen eventos climáticos, inundaciones, sequías, pero sobre todo son víctimas de la ausencia de un Estado que nunca les ha reconocido sus derechos. No tienen acceso a la educación y atención de salud ni asistencia para producir sus alimentos ni vías de acceso para las comunidades, viven sobreviviendo un criminal abandono.
El Estado paraguayo debe atender los reclamos de los pueblos originarios, y no solo aplazar el tratamiento o proponiendo vergonzosas soluciones, como “esconderlos” lejos de la capital. Debemos recordar que somos un país pluricultural, por lo tanto toda la población tiene derecho a vivir con dignidad.
