El coordinador de Investigación Tributaria, Enzo Silva, mencionó a Última Hora que si bien no se puede dar a conocer los nombres de los que lideraban el esquema de facturas falsas, manifestó que los responsables de la red la integran gestores, contadores, auditores y que todos los documentos fueron enviados a la Fiscalía.
Respecto a si podría estar involucrado algún funcionario de la SET dentro del esquema, señaló que “hasta el momento” no se encontró a ninguno, pero que la investigación continúa en busca de alguna vinculación con funcionarios internos. “Este resultado aún no concluyó, pero está en proceso”, alegó.
“Lo que se identificó es que hay gestores conjuntamente con contadores y auditores que estaban operando para hacer esa distribución de facturas, de ventas de facturas con contenido falso y en algunos casos facturas clonadas”, destacó Silva.
El investigador de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) mencionó que la gestoría existió siempre como una actividad informal. “Son las personas que intermedian entre los contribuyentes o sirven de soporte a los contadores para hacer las gestiones. A eso catalogamos como gestores”, detalló.
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El funcionario de Tributación manifestó, además, que esta tercera operación de investigación que se realiza en conjunto con la Fiscalía no es el final del caso y que existen más esquemas que podrían estar operando de la misma manera.
“Tenemos en cola varias detecciones que se están trabajando, juntando las evidencias. Ya encontramos varios grupos que están operando de esta manera y van a ir saliendo”, sostuvo Silva.
Sobre el proceso de este caso expresó que en estos momentos se está trabajando en informar a las áreas operativas de control tributarias que son las Direcciones de Fiscalización Tributaria y la Dirección de Grandes Contribuyentes para que abran las fiscalizaciones tributarias a los usuarios de las facturas.
“En este proceso se impugnarán las facturas falsas o clonadas que fueron utilizadas y automáticamente se realizarán las liquidaciones de los tributos que correspondan y también las sanciones que van desde 100 a 300%", añadió.
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Manifestó que a pesar de las sanciones administrativas a ser aplicadas a las empresas, estas no serán eximidas del proceso penal. En este caso, la Fiscalía tendrá que valorar la conducta de la partición de los profesionales contables y auditores del proceso, además de los contribuyentes.
El Ministerio Público realizó unos ocho allanamientos en el Departamento Central en busca de pistas sobre un esquema que realizó millonarias facturaciones con documentos falsos. Se habla de un perjuicio de más de G. 110.000 millones.
Los allanamientos simultáneos se realizan en empresas privadas e instituciones públicas de Asunción, Luque, San Antonio y otros lugares. Una de las intervenciones se dio en la multifacética empresa Engineering SA, del joven empresario Juan Andrés Campos Cervera, conocida como la “superproveedora” favorecida del gobierno de Mario Abdo Benítez, debido a las numerosas adjudicaciones dadas a esta firma.
