Alegó que si bien no gozan de su sueldo como medida mientras prosigue la investigación, sí siguen formando parte de la plantilla de funcionarios.
Es el caso de William Bogarín, ex director de una de las dependencias de la Cámara Baja, procesado por ser presunto miembro de un esquema que se dedicaba a estafar.
También, Miguel Ángel Robles, ex jefe de Gabinete de la Gobernación de Central condenado por haber formado parte del desfalco millonario a dicha repartición pública.
“(Bogarín) es parte de una investigación, Está suspendido y sin goce de sueldo, ya que no puede asistir por su causa”, señaló. Agregó que para que se dé su desvinculación completa “primeramente debe tener una condena y ese proceso está en una etapa incipiente”.
Remarcó que el caso de Robles, en cambio, es diferente, ya que cuenta con una condena y por eso actualmente está en etapa de sumario.
Precisamente, fue sumariado este mes a causa de haberse envuelto en un juicio por la defraudación a la Gobernación de Central. Él y el ex gobernador Hugo Javier González habrían sido parte de un esquema que causó un perjuicio de USD 1 millón.
A la consulta de qué debería suceder para que los cuestionados funcionarios finalmente queden fuera de la Cámara y sean despedidos, dijo que el Código Laboral y la ley de la función pública disponen las causales. “Acá lo que debemos cuidar es el debido proceso de tal forma que después no vengan las nulidades y detrás demandas al Estado paraguayo”, acotó.
Nuevos contratos. En este periodo de vuelta ingresan funcionarios por la ventana como el caso de Antonia Pedrozo, designada en la oficina del diputado Christian Brunaga.
