22 dic. 2025

Funcionarios de Puerto Casado cierran Municipalidad por tiempo indefinido

Unos 45 funcionarios de Puerto Casado (Alto Paraguay) no perciben sus salarios desde hace 10 meses, según informó el nuevo jefe comunal Domingo Vera. Desde el Banco de Fomento se niegan a transferir recursos alegando que las cuentas aún están a nombre del destituido Hilario Adorno.

Municipalidad de Puerto Casado.jpg

Funcionarios cerraron la Municipalidad de Puerto Casado ante la negativa del BNF de habilitar la cuenta del nuevo intendente.

GENTILEZA.

Funcionarios municipales, concejales e incluso Domingo Vera, actual jefe comunal de Puerto Casado, cerraron la sede principal de la Municipalidad en reclamo por la falta de respuesta del Banco Nacional de Fomento (BNF). La medida de fuerza inició el pasado miércoles 4 de junio y se extenderá por tiempo indefinido.

La banca pública alega falta de reconocimiento de las cuentas titulares para poder pagar salarios a funcionarios, cuya deuda ya asciende a los 10 meses; la deuda con los concejales, en su mayoría, es de más de 18 meses. A esto también se suma la falta de pago a numerosos proveedores y la ausencia de servicios en toda la comunidad, mientras el ex intendente Hilario Adorno, quien fue destituido por el TSJE y afronta un juicio oral por malversación de fondos, sigue recibiendo el dinero del municipio.

Nota relacionada: Puerto Casado: Concejales cierran sede de la Municipalidad y reclaman transferencia de fondos

Domingo Vera afirmó que la manifestación continuará con acuerdo de funcionarios y concejales por tiempo indefinido. Se trata de unos 45 funcionarios afectados y 12 concejales que no perciben sus haberes.

“Por el momento estamos dentro de la Municipalidad. Hace 14 meses ya no ofrecía luego servicios a la ciudadanía. Esta medida no afecta a nadie. Estamos realizando esta medida de fuerza para ver si no tenemos respuestas del BNF. Ayer en una radio local, Adorno decía que las cuentas seguían suspendidas. Entre abril y mayo retiró G. 2.030 millones. En lo que va del año G. 2.843 millones”, explicó.

Estos datos están disponibles en la web del Ministerio de Economía (MEF).

“Vamos a seguir hasta que tengamos algún pronunciamiento del BNF”, manifestó Vera.

Nota relacionada: Intendente de Puerto Casado ignora fallo del TSJE y se aferra al cargo

Juicio

El juicio llegó hasta la etapa de producción de pruebas y se fijó el 12 de junio para los alegatos finales. La expectativa de pena es de hasta 10 años.

“Esperemos que la fiscala pida por lo menos la mitad. Por lo menos 5 años, que es el hecho de lesión de confianza, cohecho propio es hasta 10 años. Depende de la gravedad de los hechos. Son tres años y medio desde el inicio de esta investigación, esperamos un resultado definitivo. Existe una incertidumbre tremenda”, comentó en su momento Vera.


Más contenido de esta sección
El Indert remitió a la Comisión de Reforma Agraria del Senado un informe solicitado ya en julio pasado con referencia a la adjudicación y titulación de tierras rurales durante el Gobierno de Santiago Peña. En el documento, se reveló que apenas unos 1.590 títulos de propiedad fueron finiquitados desde el 16 de agosto de 2023 al 25 de agosto de este año. Peña había dicho en su informe de gestión que durante su mandado ya se adjudicaron casi 10.000 títulos de propiedad.
A las 09:30, de este viernes, en la Sala Plenaria del Congreso Nacional, los comunicadores Andrés Colmán Gutiérrez y Desirée Esquivel presentarán el informe “Rompiendo el silencio”. El trabajo posee datos sobre los 22 periodistas asesinados en Paraguay durante la era democrática.
Alberto Alderete, ex titular del Indert entre el 2008 y 2010, coincidió con la oposición en torno a irregularidades en la concesión de 29 hectáreas a empresario en el distrito de Carmelo Peralta.
El senador Carlos Núñez ya se siente fuera de HC; mientras que sus colegas Erico Galeano y Alfonso Noria esperan una reunión con Cartes. Todos ellos admiten disconformidad en el bloque.
Por indicios de irregularidades, la DNCP suspendió el proceso de licitación de contratación de digitalización de documentos que fue convocada por el IPS con un costo de G. 17.000 millones.