La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la suspensión de la licitación ID 474335 del Instituto de Previsión Social (IPS), correspondiente a la “Contratación de Servicio de Digitalización Certificada de Documentos”, por un monto de G. 17.000 millones.
La medida fue adoptada tras la apertura de la investigación iniciada mediante la denuncia Nº 3430/25, del 28 de octubre. El documento emitido por la DNCP, cuya notificación al IPS lleva fecha 17 de noviembre, sostiene que “de los hechos denunciados se desprenden indicios de irregularidades en el procedimiento de contratación en cuestión que, de no subsanarse, causarán un daño al Estado”.
Con esto, la licitación quedó oficialmente suspendida mientras avanza la verificación de los hechos denunciados.
El llamado 474335, que fue convocado por el IPS, tenía como fecha de presentación de ofertas el miércoles 19 de noviembre.
La administración del presidente del IPS, Jorge Brítez, activó durante noviembre un total de 28 licitaciones, de las cuales 15 permanecen en convocatorias abiertas hasta el 20 de noviembre, sumando un valor conjunto de G. 1,17 billones. Varias de estas llamadas también registraron protestas.
La denuncia ciudadana que motivó el inicio del proceso señala que el IPS estaría “dando el toque de gracia” a los recursos de los asegurados al pretender adquirir un sistema o plataforma sin código fuente y con un precio “récord histórico de sobrefacturación”. Según el escrito presentado en el portal de denuncias, el presunto sobrecosto alcanzaría más de G. 7.000 millones, cifra que consideran inédita para este tipo de sistemas documentales en la historia de las contrataciones públicas del país.
El texto añade que el servicio licitado sería “innecesario e inadmisible”, y que de concretarse, “profundizaría el daño patrimonial” al seguro social. Estas afirmaciones derivaron en la apertura formal de la investigación de la DNCP el 29 de octubre.
En paralelo al proceso de suspensión, varias empresas interesadas en participar presentaron consultas formales en las que solicitaron la revisión del precio referencial establecido por el IPS.
Las empresas recordaron que la Autoridad Certificadora Raíz del Paraguay (AC Raíz MIC) mantiene publicado un listado oficial de prestadores habilitados para este servicio. Sin embargo, según las consultas ingresadas al sistema, estas firmas habilitadas no fueron incluidas para la elaboración del precio.
G. 1,17 billones en convocatorias para servicios e insumos habilitó el IPS en la última semana de noviembre.
