29 abr. 2024

Fortalecer la institucionalidad de nuestro sistema penitenciario

Tres meses después de iniciada la más reciente crisis en la penitenciaría de Tacumbú, el Estado retomó el control de la principal cárcel nacional. Más de 2.000 policías y militares fueron movilizados ayer en el operativo denominado Veneratio para ingresar a la fuerza y lograr hacer retroceder un inminente motín. La comitiva interinstitucional estuvo conformada por los ministerios del Interior, Defensa, Justicia y la Secretaría Nacional de Inteligencia. Se espera a partir de ahora el progresivo fortalecimiento de la institucionalidad de todo el sistema.

El operativo se marcó como objetivos la erradicación de los privilegios y potestades de las bandas criminales, lograr una mejor distribución de internos, y la presencia institucional y efectiva del Estado, en un territorio que estaba secuestrado por la criminalidad.

Hace apenas tres meses, veíamos incidentes en el penal, cuando la televisión mostraba en directo a reclusos paseando por la zona de vigilancia de los muros perimetrales de la penitenciaría, vestidos con uniformes de guardiacárceles, portando lanzas, cuchillos, escopetas y hasta armas cortas y fusiles. Y es que el gobierno de la principal cárcel del país estaba en manos del clan Rotela.

El clan Rotela, una organización de carácter familiar, que originalmente estaba especializada en el microtráfico con alcance nacional, controla gran parte del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones. Armando Javier Rotela, conocido como el zar del microtráfico, controlaba la mitad de la venta de crac en todo el país.

Los policías accedieron sin que el operativo fuera dado a conocer a los guardiacárceles, considerando la proximidad con los reos y ante hechos de corrupción que se hicieron públicos en la cárcel de Ciudad del Este. Inevitablemente hubo enfrentamientos y víctimas que son de lamentar, entre los presos y un policía del Grupo Lince.

Tras la exitosa operación es importante considerar los datos compartidos por los expertos, en cuanto a no subestimar el poder del grupo delincuencial que ha repartido el poder a nivel de distintas penitenciarías. Uno de estos es el cambio de la nomenclatura, de clan Rotela a La Jungla, lo que implica la despersonalización del liderazgo. El grupo tiene presencia en todas las penitenciarías, por lo que la recuperación del control de Tacumbú debe ser solo el primer paso de un proceso que debe ser profundizado por las autoridades.

Esperamos que esto no quede como un aparatoso golpe de efecto. El considerado delincuente más peligroso del país ha sido trasladado a un lugar de máxima seguridad, pero las autoridades del Gobierno deben estar atentas para evitar que otra persona ocupe el espacio de poder dejado por Rotela en Tacumbú.

La situación no debe repetirse, pues la simple formulación de detener a alguien que ya se encuentra preso es una vergüenza para la soberanía y la institucionalidad del Estado. Son precisamente las precarias condiciones estructurales las que han hecho posible la existencia de grupos como el del clan Rotela, nacido precisamente en Tacumbú.

La situación de abandono de las cárceles por el Estado paraguayo ya es insostenible. Es conocida la situación de cientos de reclusos quienes duermen a la intemperie, debajo de tinglados, en el suelo, sobre frazadas sucias, que no tienen acceso a la salud ni a una buena alimentación, situación que prácticamente los empuja a los brazos del crimen organizado.

Al mismo tiempo, las cárceles del país, y entre ellas Tacumbú, deben dejar de ser el reflejo de la desigualdad que tenemos en el país, donde los reclusos vips viven entre privilegios y lujos, mientras que la mayoría pobre subsiste en la miseria.

También se debe recordar que Paraguay es el país con más presos sin una sentencia en la región, lo que representa más del 70% de toda la población penitenciaria. Es por eso que urge que se hagan cambios y una reingeniería profunda, lo cual debe suponer leyes, políticas públicas y un mejor trabajo en cuanto a la seguridad ciudadana. Las reformas deben considerar incluir como parte del problema al Poder Judicial.

Los cambios a nivel de la política pública penitenciaria deben ser profundos y no deben demorar.

Más contenido de esta sección
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.
Los agricultores familiares producen la mayor parte de los alimentos frescos y sanos, diversificados y culturalmente apropiados. Generan oportunidades de empleo agrícola y no agrícola, y ayudan a las economías rurales a crecer. La agricultura familiar preserva y restaura la biodiversidad y los ecosistemas, y utiliza métodos de producción que pueden ayudar a reducir o evitar los riesgos del cambio climático. La agricultura familiar es fundamental para mantener la capacidad adquisitiva de los ingresos de todas las familias y para reducir la pobreza en el sector rural. Dejarla en el abandono es poner un obstáculo al crecimiento sostenible, al bienestar de los hogares y al desarrollo del país.
La violencia contra las mujeres es una preocupante realidad en el Paraguay. En este Día de la Mujer Paraguaya debemos recordar los datos de las instituciones que señalan que, pese a las leyes, los casos de violencia en el hogar y los casos de feminicidio no disminuyen. Estamos lejos de ser una sociedad que respeta y valora las capacidades de las mujeres; prueba de ello es el aumento en el último año de la violencia política. Este es un indicador del largo camino que nos falta andar para ser una sociedad verdaderamente democrática.