Por tal motivo, la compañía interpreta esa decisión no como un conflicto ambiental, sino como un procedimiento administrativo que debe resolverse con justicia y base técnica. La empresa mantiene su disposición a seguir invirtiendo en Paraguay y a contribuir con el desarrollo nacional, apostando por la innovación verde, la transparencia y la confianza institucional, según sus representantes.
Desde el inicio, PREFORTE indica cumplir con todas las normativas urbanísticas y ambientales vigentes. Sus referentes dijeron que la empresa obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el permiso municipal correspondiente antes de iniciar las obras y el diseño y la operación de la planta incorporan medidas de control ambiental de nivel internacional, como Captura y reutilización de CO₂ con tecnología CarbonCure; reciclaje de agregados y aguas industriales; medidas activas de mitigación de polvo, ruido y tránsito; y monitoreo continuo mediante estación ambiental propia.
“A pesar de ello, el MADES resolvió cancelar la licencia de forma definitiva en menos de 24 horas, sin haber concluido las etapas formales del procedimiento ni permitir la presentación de alegatos técnicos finales. Este hecho -inusual por su velocidad y falta de valoración integral de las pruebas- motivó la presentación de un recurso de reconsideración, actualmente en trámite. El proceso no está firme ni concluido, y la empresa continúa cooperando con las autoridades para esclarecer el caso con base técnica y transparencia”, reza parte de un escrito de argumentación de la empresa.
Además, sus representantes aseguran haber elegido a Paraguay por su estabilidad macroeconómica, su crecimiento en infraestructura y la seguridad jurídica que históricamente ha ofrecido a las inversiones. La iniciativa, además, fortalece los lazos productivos entre Paraguay y Bolivia, con el respaldo de la Cancillería paraguaya, según la compañía.
