La Fiscalía tiene tiempo hasta el 9 de junio de 2021 para presentar requerimiento conclusivo contra la presidenta y la directora de Imedic SA, Patricia Ferreira y Nidia Godoy, respectivamente, según resolvió la Cámara de Apelaciones este viernes.
La prórroga se da tras el pedido de la fiscala Susy Riquelme. Ferreira y Godoy, además del despachante Néstor Domingo Ramírez Giménez, fueron imputados por producción de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.
La Fiscalía habla de que los medicamentos traídos al país desde India y China con presuntas facturas falsas del Brasil podrían ser riesgosos para la salud. Con facturas falsas habrían vulnerado los controles e ingresado insumos oncológicos al país.
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Todos los fármacos que fueron proveídos por Imedic al Instituto de Previsión Social (IPS) fueron retirados por su alta peligrosidad para los pacientes. Además de los antibióticos presuntamente falsificados, existen otros lotes de medicamentos que fueron adquiridos de la firma sin ninguna garantía.
La empresa también se vio envuelta en la provisión de equipos e insumos para el Ministerio de Salud, que terminó en la anulación del contrato, tras encontrarse serias irregularidades en el proceso.
Audiencia de Imposición de medidas
Este viernes también se realizó la audiencia de imposición de medidas de Patricia Ferreira y Justo Ferreira, quienes enfrentan otro proceso por presuntas irregularidades en la provisión al Estado de insumos médicos para la lucha contra el coronavirus (Covid-19) en Paraguay, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Los mismos fueron imputados por la comisión de los hechos punibles de contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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El fiscal del caso, Osmar Legal, dijo que se ratificó en la prisión preventiva. “El Ministerio Público mantiene la postura de que la medida cautelar necesaria para la prosecución de la investigación es la prisión preventiva”.
Resaltó que Patricia Ferreira tiene otra causa abierta en la cual ella aún no está sometida y que ambos están imputados por varios delitos y la gravedad en este caso para el Ministerio Público no es el marco normativo, sino la implicancia del bien jurídico protegido que es el contrabando.
Por su parte, la defensa solicitó la medida alternativa a la prisión y en consecuencia agregaron la fianza real por un valor superior a los USD 1 millón, equivalentes a tres inmuebles para los dos imputados.
