El Tribunal de Apelación rechazó este jueves dos pedidos de nulidad de la defensa de la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, con lo que la causa queda destrabada y se procederá al sorteo de un nuevo juez para la nueva audiencia de imposición de medidas cautelares, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
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Ferreira y Godoy, además del despachante Néstor Domingo Ramírez Giménez, fueron imputados por producción de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.
Uno de los incidentes de nulidad presentados por la defensa de Ferreira era contra la integración de la sala del Tribunal con el magistrado José Waldir Servín, quien había sido recusado.
Asimismo, también atacaron la resolución del Tribunal por la cual se había anulado la audiencia de imposición de medidas realizada por la jueza Lici Sánchez y en la que se decidió el arresto domiciliario de Ferreira y Godoy.
La magistrada había comunicado a la Fiscalía de la diligencia solo 11 minutos antes de que inicie, por lo que lo resuelto en la audiencia fue apelado por el Ministerio Público.
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Al respecto, Gustavo Adolfo Ocampos González opinó que las partes deberán litigar con buena fe, evitando planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que el código concede, a la vez de mencionar que las partes no podrán designar durante la tramitación del procedimiento apoderados o patrocinantes que se hallaren comprendidos respecto del magistrado, en una notoria relación para obligarlo a inhibirse.
Esto guarda relación con la designación del abogado Andrés Cassatti Caballero, a quien no se le concedió intervención.
Todos los fármacos que fueron proveídos por Imedic al Instituto de Previsión Social (IPS) fueron retirados por su alta peligrosidad para los pacientes. Además de los antibióticos presuntamente falsificados, existen otros lotes de medicamentos que fueron adquiridos de la firma sin ninguna garantía.
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La firma también se vio envuelta en la provisión de equipos e insumos para el Ministerio de Salud, que terminó en la anulación del contrato, tras encontrarse serias irregularidades en el proceso.
En ese sentido, Ferreira y su padre, Justo Ferreira, también enfrentan otro proceso por presuntas irregularidades en la provisión al Estado de insumos médicos para la lucha contra el coronavirus (Covid-19) en Paraguay.
