La defensa del presunto narco Reinaldo Cucho Cabaña solicitó este jueves en la audiencia de revisión de medidas ante el juez Miguel Palacios, la libertad ambulatoria o arresto domiciliario de su cliente, por el compurgamiento de la pena mínima.
El fiscal Carlos Alcaraz se allanó al pedido de la defensa, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
La audiencia finalizó y el magistrado debe resolver las medidas pertinentes en el transcurso de las próximas horas, si otorga libertad o arresto domiciliario a Cabaña, quien se encuentra recluido desde el 5 de setiembre del 2018 en la Penitenciaría Nacional de Emboscada, en el marco del operativo Berilo.
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El abogado de Cabaña, Nelson López, explicó que además han “ofrecido como garantía de cumplimiento fiel a lo que eventualmente resuelva el juez, la fianza real y personal de terceras personas”.
El monto de la caución sería de alrededor G. 7.600 millones en concepto de inmuebles y otros G. 3.000 millones como fianza personal.
Esos valores monetarios “estarían asumiendo personas de su confianza con suficientes recursos como para responder en el caso de que la situación amerite”, señaló López en referencia a algunos tíos, primos y otros familiares.
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El arresto domiciliario, en caso de darse, sería cumplido en una vivienda de la ciudad de Lambaré.
A partir del 18 de setiembre se prevé el inicio de la audiencia preliminar del caso Berilo ante el juez Miguel Palacios, donde se encuentran procesadas unas 27 personas.
La defensa va a solicitar durante esa diligencia la nulidad absoluta de la imputación de Cabaña.
El caso
Cucho Cabaña fue detenido el 5 de setiembre del 2018, en Ciudad del Este, Alto Paraná, junto con otras 23 personas, en el marco del operativo Berilo, encabezado por la Fiscalía y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
En la causa también está implicado el ex diputado colorado Ulises Quintana, declarado “significativamente corrupto” por los Estados Unidos.
El político fue acusado por lavado de dinero y asociación criminal por el tráfico de drogas, exponiéndose a entre 5 y 15 años de cárcel.
Cucho, por su parte, fue procesado por los supuestos hechos de tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para el tráfico de drogas, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero. Las condenas van de 10 a 25 años.
Durante el megaoperativo se llevaron a cabo más de 30 procedimientos, entre allanamientos y constituciones. La majestuosa casaquinta de Cucho —que cuenta con una playa privada, un parque infantil y varios objetos lujosos— fue uno de los lugares allanados por la Senad.
