Emiliano Rolón presentó la acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución 502 del 4 de abril, por la cual la Cámara de Senadores derogó su decisión de desaforar a los senadores Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola en medio de investigaciones fiscales.
El fiscal general refiere que con esta reposición de fueros “se ha desvirtuado el debido proceso, paralizándolo” y acusa al Senado de abuso de poder, de haberse atribuido una “facultad extraordinaria” que no le corresponde.
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En el caso de Erico Galeano, la fase investigativa está pendiente de acusación y el plazo que tiene el agente Silvio Corbeta para cumplir con este trámite vence el 24 de mayo. El legislador está imputado por lavado de dinero y asociación criminal.
El proceso del también cartista Hernán Rivas está en etapa preparatoria a cargo de la fiscala Patricia Sánchez. El senador está imputado por producción y uso de documentos públicos con contenido falso por el caso de título falso presentado para acceder a cargos públicos.
A su vez, el caso de Rafael Filizzola se encuentra en proceso de casación tras la investigación por supuestas irregularidades en la compra de helicópteros.
La Fiscalía General, además, pidió una medida cautelar de urgencia para suspender la reposición de fueros, ordenando la continuidad de los proceso que enfrentan los legisladores.
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El documento presentado por Rolón menciona que detener los procesos que enfrentan estos senadores debido a la restitución de blindaje “pone en ascuas el modelo de juzgamiento, que en esquemas de garantías debe culminar en el plazo razonable”.
Califica el hecho como inédito e inadmisible dentro de la Constitución Nacional. Para la Fiscalía General, no existe ninguna posibilidad de revertir el desafuero.
“Al hacerlo de tal manera se ha incurrido en una inobservancia institucional de gravísimas consecuencias, al habilitarse vías operativas que desconocen la seguridad jurídica”, sostiene el texto entregado en la Sala Constitucional de la CSJ.
El texto también se refiere a la senadora Celeste Amarilla, quien fue demandada por su colega Basilio Bachi Núñez por difamación y calumnia. Sobre este punto, la Fiscalía mencionó que, al rechazarse el pedido del Poder Judicial sobre su desafuero, el Senado también se excedió en sus atribuciones.
No obstante, aclara que el caso es peculiar porque podría considerárselo inmerso en la Acción Penal Privada, fuera de la línea de atención del Ministerio Público.
