Los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez pidieron el sobreseimiento provisional para seguir investigando a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de los Registro Públicos, y a la escribana María Raquel Cáceres Olmedo.
La primera estaba imputada por los hechos de alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
Se le atribuye a Alcira Celeste Rodríguez haber accedido de manera indebida al sistema informático de los Registros Públicos el 21 de agosto de 2024, justo un día después de que el juez de Crimen Organizado Osmar Legal haya dictado la inhibición general de enajenar y gravar bienes a nombre del hijo de Lalo Gomes.
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Usó un usuario que tenía la categoría de “supervisor” y con eso se pudieron alterar los datos y desapareció la medida cautelar, “de esta manera se logró inducir al error”, dijo la Fiscalía y le permitió a Alexandre Rodrigues disponer de sus bienes.
Se pudieron transferir tres inmuebles del distrito de Pedro Juan Caballero, con distintos precios: G. 600.000.000, otro de G. 300.000.000 y uno de G. 200.000.000. Además, de una cuarta propiedad valuada en G. 600.000.000.
Todo esto, a favor del abogado Óscar Tuma, en carácter de honorarios profesionales.
Asimismo, habría logrado transferir ocho rodados.
¿Qué hizo la escribana, según la Fiscalía?
La escribana María Raquel Cáceres Olmedo había solicitado a Registros Públicos un certificado de anotaciones personales de Alexandre Rodrigues Gomes.
Pidió el 20 de agosto del 2024, ¿por qué es importante? Porque es al día siguiente de que el hijo de Lalo Gomes fue imputado y el mismo día en que el juez dispuso la prohibición sobre sus bienes.
El informe que recibió confirmaba que Rodrigues Gomes contaba con inhibición general de enajenar y gravar bienes.
Pasaron tres horas y media después de su primer pedido y volvió a solicitar otro informe, donde ya le comunicaron que Alexandre gozaba de libre disposición de sus bienes.
