27 jul. 2025

Fiscalía pide prisión para dos acusados en la causa del diputado Esteban Samaniego

El fiscal Silvio Corbeta pidió que se revoquen las medidas y que dos funcionarios municipales sean enviados a prisión, porque ambos recusaron al juez y pararon la audiencia preliminar en diferentes ocasiones. En la causa se habla de un esquema para desviar el dinero que debía usarse para reparar colegios.

Patricia Corvalán.jpg

Patricia Corvalán fue electa intendenta el pasado 25 de marzo. Foto: Gentileza

El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, pidió al juez Humberto Otazú que revoque las medidas alternativas que tienen dos procesados en la causa donde está imputado el diputado colorado Esteban Samaniego y acusada su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán.

Se trata de Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas. Este último recusó ayer al juez, y logró suspender por tercera vez la audiencia preliminar. El magistrado debía decidir si el caso va o no a juicio.

Ambos, al igual que Corvalán están acusados junto a otras personas más de supuestamente formar un esquema para desviar G. 1.108 millones.

Ver también: De nuevo se suspende preliminar de intendenta de Quyquyhó, esposa de diputado

El dinero debía ser utilizado para la reparación de colegios, pero en su lugar se destinó para la construcción de la vivienda familiar para el matrimonio Samaniego-Corvalán.

Se habla de un “esquema de corrupción dentro del municipio, integrado por proveedores ficticios, quienes eran adjudicados con sin números de contratos para lesionar el patrimonio de la comuna”.

Justificación del pedido de prisión

El fiscal solicitó que los acusados vayan a prisión, “atendiendo a que los acusados han incurrido reiteradamente en conductas obstruccionistas dirigidas a dilatar el inicio de la audiencia preliminar, mediante diversos recursos legales y otras maniobras procesales”.

Ver también: Fiscal pide a juez que prohíba a intendenta de Quyquyhó acercarse al Municipio

El pedido es a fin de asegurar que se realice la audiencia preliminar.

Según Corbeta, hay suficientes elementos para que ambos vayan a prisión, ya que hay peligro de fuga.

Tres veces ya se suspendió la preliminar

La primera vez que se intentó hacer la audiencia fue en febrero de este año, pero se postergó porque la intendenta de Quyquyhó apeló la fijación de la preliminar.

Luego de que rechazaran su apelación, el 23 de mayo se intentó hacer nuevamente, pero allí el ex jefe de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad, Enrique Lovera, recusó al fiscal Silvio Corbeta y al juez Humberto Otazú.

El último intento fue ayer, pero el procesado Guido Vargas volvió a recusar al magistrado, a través de su abogado Juan David Campuzano, y pidió al Tribunal de Apelaciones que le aparte de la causa.

Más contenido de esta sección
El propietario de una fábrica de criptomonedas enfrentará juicio oral por supuesta contaminación del aire (polución sonora) en Villarrica. El juez de Garantías, Juan Ruiz Díaz Gamba, elevó para juzgamiento el caso tras la acusación de la fiscala María Jadiyi Ortiz.
Según la nueva acordada de la Corte, aprobada el miércoles en la sesión plenaria, los jueces penales que tengan los juicios y en cuya etapa se fugó el procesado, serán los competentes para realizar el procedimiento de ejecución de cauciones. Con ello, regulan un procedimiento para estos casos que anteriormente eran ejecutados en el fuero Civil.
Luego de que en los últimos meses hayan cuestionado la actuación de fiscales, permitiendo salidas a procesados por delitos medioambientales, sin que se repare el daño, estos ahora son enjuiciados por el Jurado.
Desde el Senado pretenden dar soluciones a las víctimas del esquema de estafas con pagarés y hacer un “saneamiento” en los casos, por lo que buscan declarar la emergencia judicial. Además, están avanzado en crear leyes que localicen expedientes con embargos activos.
El Tribunal de Apelación de Central ratificó la pena de 30 años de cárcel para Nelson Ramón Aranda Vega, que fue encontrado culpable de matar a su pareja Claudelina Ruiz Díaz Ledesma, quien recibió un disparo a la altura del rostro. El caso ocurrió el 30 de julio de 2022, en San Antonio.
La defensora pública de Mariano Roque Alonso Leticia Casaccia obtuvo el levantamiento del embargo que pesaba sobre una de las víctimas de la mafia de los pagarés. Además, en otro caso, se dispuso la reconstitución del expediente que estaba desaparecido, según informó la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de la Defensa Pública.