“A nosotros no nos afecta bajo ningún aspecto, va a afectar únicamente a los inversores, a los que quieren invertir en el Paraguay”, sostuvo inicialmente Talavera en entrevista con Última Hora.
La propuesta mantiene y amplía varios beneficios fiscales establecidos en la Ley 60/90, incluyendo exoneraciones del IVA, del Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) y del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), extendiendo la exoneración del IDU al capital nacional, además de permitir la transferencia de beneficios fiscales sin devolución de tributos liberados, un fideicomiso de garantía como herramienta de financiamiento, nuevas facultades para el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en decisiones técnicas, e incluye a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) al Consejo de Inversiones.
“Lo que se quiere es incentivar las inversiones, porque , por lo que veo, por más de que este presidente (Santiago Peña) viaje los 365 días del año, no está trayendo ninguna inversión, o si trae, a lo mejor no superan lo que ellos están queriendo”, opinó Talavera. En tanto, afirmó que el posible nuevo régimen puede generar un impacto directo sobre las finanzas públicas y estimó que puede estar en torno al 10% de lo que se recauda en concepto de esos tres impuestos que serían afectados.
“Probablemente le va a afectar grande, más todavía en el caso de los nacionales, porque los inversionistas extranjeros no son muchos hasta el momento, pero los nacionales sí son bastantes”, resaltó a su vez la economista.
En cuanto al rol de los contadores frente a la propuesta, la profesional aclaró que el gremio se limitará a aplicar lo que disponga la ley. “Nosotros vamos a cumplir lo que diga la ley. Vamos a registrar conforme a lo que ellos determinen y conforme principalmente a los porcentajes que ellos nos den, para que podamos calcular”, enfatizó.
Pese a que esta propuesta tendría un impacto directo en el sistema tributario y hasta incluye nuevas funciones para la DNIT, desde la entidad recaudadora afirmaron a ÚH que solo se limitan a participar de la normativa cuando sea promulgada y se tenga que aplicar.
