La Fiscalía solicitó al Ministerio de Salud un informe, en carácter urgente, sobre las personas vacunadas contra el Covid-19 fuera del rango de edad establecido y la lista del personal de vacunación.
La investigación se encuentra a cargo de los fiscales María Luján Estigarribia, Luis Piñánez, Sara Torres y Luz Guerrero. La coordinación del equipo está a cargo del fiscal adjunto Jorge Sosa.
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La fiscala Sara Torres manifestó que solicitaron el registro de las personas vacunadas, la documentación que fundamenta dicho acto, datos sobre los lotes de las vacunas, cuándo llegaron, quién las recibió, quién las envió, además observaron los lugares de vacunación.
“Acá un gran problema es que en el sistema que está en el ministerio, que aparece en la base de datos, no aparecen los vacunadores, solo aparecen en la base de datos que nosotros trajimos. Pero ahí tenemos un problema, porque los usuarios se comparten, entonces por eso se ha pedido a Salud que nos mande la lista de vacunadores por región para poder saber quiénes son, quiénes fueron los responsables de esas vacunaciones”, expresó a los medios de comunicación.
Afirmó que ya tienen la base de datos y lo que realizarán será corroborarla con la lista que les va a proveer el Ministerio de Salud. Puntualizó que darán 72 horas de tiempo para que envíen los documentos.
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Por su parte, el fiscal Jorge Sosa explicó que el Ministerio de Salud solicitó la prórroga de 48 horas para contestar el oficio que enviaron este lunes y también en cuanto a las informaciones que solicitaron la semana pasada con respecto a las vacunaciones a personas supuestamente fallecidas.
Explicó que cuentan con una carpeta de investigación abierta que es bastante amplia acerca de las denuncias que recibieron, tanto de forma anónima como a través de las redes sociales, con respecto a personas que figuraban como fallecidas y que supuestamente recibieron las vacunas. A raíz de esto se conformó un equipo de trabajo que empezó la tarea de recolección de información.
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En un primer momento se constituyeron en hospitales donde figuraban que estas personas recibieron las vacunaciones, en el Hospital San Pablo, en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
Manifestó que en primer lugar tienen que analizar toda la documentación que les pueda remitir el Ministerio de Salud y, si es necesario, convocar a los referentes de la cartera sanitaria para que brinden la declaración, aclarar cuál es la metodología y explicar las prioridades que implementan en cada uno de los casos.
“Una vez que hagamos el análisis de quiénes son estas personas responsables, vamos a ir bajando ese nivel de investigación a las personas que recibieron estas dosis. Pueden configurarse en infracción administrativa y situaciones de tipo penal culposo o doloso”, agregó.
Mencionó que el martes pasado surgió el hurto de vacunas en el Hospital Calle’i de San Lorenzo y en esta semana fueron saltando los casos de 500 personas que recibieron la dosis cuando a su grupo etario todavía no le correspondía. Explicó que el caso del Hospital de Calle’i sería en principio hurto, quebrantamiento de depósito, entre otros.
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Dijo que en el caso de la ex senadora Mirta Gusinky, ya solicitaron un pedido de informe especial para saber cuál fue la cuadrilla que realizó su vacunación, de modo a tener los datos y convocar al personal sanitario.
“Analizaremos su caso para ver si se trata de apropiación o de tráfico de influencias. No me quiero aventurar a decir cuál sería específicamente”, expresó.
El Ministerio Público realizará un análisis individual de cada caso, en el que hay muchos funcionarios involucrados.
