Tras las investigaciones contra el ex vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el ex asesor de Yacyretá, Juan Carlos Duarte, porque supuestamente ambos estarían involucrados en un intento de soborno, ahora la Fiscalía finalmente pidió la desestimación porque afirma que no se pudo encontrar nada.
Las investigaciones habían comenzado en agosto del 2022, luego de las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, quien anunció que ambos fueron considerados por el Gobierno norteamericano como significativamente corruptos, prohibiéndoles la entrada a su país de por vida.
Supuestamente, Velázquez habría pedido a Duarte, “su cercano colaborador personal y profesional, que ofrezca más de un millón de dólares a un funcionario público para obstruir una investigación que amenazaba a sus intereses personales y financieros”.
SIN INDICIOS. Se había solicitado al Departamento de Justicia de los EEUU que provean toda la información que tenían, como datos, documentos y evidencias relacionadas al supuesto ofrecimiento de soborno.
El 14 de febrero de este año, el secretario de Estado, Antony J. Blinken, remitió solo un comunicado de prensa, que consistía en la designación de ambos investigados como personas corruptas.
“Dicha solicitud fue contestada sin aportar elementos diferentes a los ya mencionados durante la conferencia de prensa y conocidos a través de los medios de comunicación”, dice la Fiscalía.
También la Contraloría remitió informes. Eso fue en mayo de este año.
Finalmente, el 13 de setiembre pasado, el Viceministerio de Capital Humano del Ministerio de Economía dio informes sobre ambos. Sin embargo, ninguno aportó datos sobre el caso.
En su fundamentación para los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Alma Zayas y Diego Arzamendia dijeron que “se debe requerir lo que corresponda en los casos en que no existan méritos para la formalización del procedimiento”.
Explicaron que se recurrió a la fuente de donde surgió la información que dio origen a la investigación.
Sin embargo, “al no aportar indicios, evidencias, o datos objetivos referentes al tiempo en que habría ocurrido, la identificación del proceso que se intentó interferir, la identidad del funcionario sobornado, así como los datos específicos relacionados al abuso de los recursos de Yacyretá por parte de Juan Carlos Duarte; se torna dificultoso el proceso de reconstrucción de los hechos”, detallaron.
Afirmaron que no existen elementos que permitan concluir en forma positiva del intento de soborno y de la participación de los denunciados.
