04 dic. 2025

Fiscalía pide 8 años de cárcel para Hugo Javier

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Hugo Javier González

El Ministerio Público solicitó la pena de ocho años de prisión para el ex gobernador del Departamento Central Hugo Javier González, por el desvío de G. 5.105 millones de los fondos Covid de la Gobernación. Según la acusación fiscal, se probó que González cometió los hechos de lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal.

Además de Hugo Javier, la Fiscalía solicitó la pena de ocho años de cárcel para Miguel Ángel Robles, ex director general del Gabinete de la Gobernación, quien, según la investigación, está sindicado como el presunto cerebro del esquema criminal que logró el desvío.

La acusación está representada por los fiscales Rodrigo Espínola, Francisco Cabrera y Néstor Coronel.

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Los datos expuestos por la Comisión del Senado revelan la existencia de 333.005 juicios ejecutivos que afectan a miles de víctimas, lo que representa en total G. 2,2 billones (USD 314 millones), descontados de manera compulsiva mediante embargos irregulares. Los congresistas advierten sobre la existencia de una gran rosca.
Pese a declararse inocente, el juez condenó a Edwin López Cattebeke, ex director general de Administración y Finanzas, a 2 años de prisión con suspensión. También deberá pagar G. 50 millones como reparación del daño particular y G. 10 millones por reparación del daño social. Sus acciones permitieron desembolsos irregulares en pandemia.
En dos causas ya se aprobó la extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo de Perú, líder del grupo Los Injertos del Cono Norte, considerado como uno de los hombres más peligrosos de la región. Queda pendiente un tercer pedido en Paraguay para que se concrete su ida al Perú. Es requerido por secuestros, extorsión, homicidio y robo agravado.
Tras meses de investigación, la Comisión de la mafia de los pagarés del Senado continúa asistiendo a alrededor de 6.600 víctimas, que acumulan en promedio ocho embargos cada una. El 87% de los afectados provienen del interior y deben recorrer largos kilómetros para seguir en Asunción o Central sus juicios ejecutivos. “Se vulneran totalmente la libertad y los derechos”, afirmaron.