Los fiscales Raquel Bordón y Antonio Florentín imputaron a los campesinos por los delitos de perjuicio en reservas naturales, trasgresión a la Ley 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente, y al artículo 302 del Código Procesal Penal.
En total son 34 los labriegos procesados que estaban ocupando el predio de la escuela agrícola San Benito, en el distrito de Obligado, departamento de Itapúa, informó el Ministerio Público.
Los campesinos fueron aprehendidos en la mañana del viernes en un operativo de desalojo realizado por unos 100 agentes policiales.
Estos, días atrás, ya habían sido desalojados del terreno, propiedad de la sociedad católica Verbo Divino. Incluso habían atentado contra el vehículo particular del sacerdote Juan Kraiser, directivo de la escuela agrícola.
El conflicto se originó porque los labriegos volvieron a ocupar las tierras de donde fueron violentamente sacados, lo que motivó a que por orden de la fiscal Raquel Bordón se proceda a otro desalojo, con la particularidad de que esta vez se llevaron también a las mujeres y niños.
Unos 60 hombres fueron trasladados en varias Comisarías del departamento de Itapúa, algunos de ellos ya recuperaron su libertad. Durante el operativo también fueron aprehendidos los hijos de los labriegos.
MEDIDAS PREVENTIVAS. La agente fiscal Raquel Bordón se constituyó en la sede policial departamental de Itapúa a fin de dejar constancia de las medidas preventivas que tomaron cada una las instituciones involucradas con relación a los niños y niñas que acompañaban a sus padres en el predio de la escuela agrícola San Benito.
De la reunión participaron Walter Gutiérrez, director de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia Regional Sur; Carolina Lugo, defensora de la Niñez y la Adolescencia Regional Sur; Lucía Kovalchuk de la Secretaría de la Mujer de Encarnación, y Elisa Vera, de la Codeni. También estuvieron presentes otros funcionarios de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.
DENUNCIA. El defensor del pueblo, Miguel Godoy, adelantó que promoverá una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la fiscal Raquel Bordón por el desalojo y detención de unas 50 personas, entre ellas niños, en Obligado, Itapúa.
“Hemos pedido los informes. Sostenemos que los desalojos no pueden ser realizados por pedidos escuetos de fiscales. Podemos concluir que el fiscal no tiene atribución para hacer desalojos, es competencia del fuero civil y comercial. No existe ningún documento que autorice a los fiscales a realizar este tipo de procedimientos”, dijo.
El defensor condenó que unos 13 niños fueran llevados hasta la Comandancia de Policía en Itapúa. “Los Niños y mujeres embarazadas no pueden estar en la Comandancias ni siquiera 10 minutos. Hay un protocolo de las Naciones Unidas y estamos lejos de ello”, cuestionó.
