El líder del Clan Rotela Armando Javier Rotela Ayala y los demás integrantes del grupo, identificados como Alan Ricardo Caballero, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Egon Ramón Vargas, Héctor Santiago Caballero Álvarez, Jorge Almanza Guzmán (mexicano), Aníbal Ortellado Rojas, Alberto Daniel Villalba Saucedo y Leonardo Ariel Oviedo Bareiro, fueron imputados por homicidio doloso, toma de rehenes, motín de internos y asociación criminal, en calidad de autoría.
Las imputaciones fueron presentadas por los fiscales María Irene Álvarez, Marcelo Pecci, Lorenzo Lezcano, Federico Delfino, Giovanni Grisetti y Alicia Sapriza, quienes además solicitaron al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados.
El 16 de febrero pasado, a las 5.30, en el interior de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú fueron convocados varios funcionarios penitenciarios, quienes estaban a cargo tanto de la guardia entrante como saliente, estando presentes el director Antonio Amarilla y el director general de Establecimientos Penitenciarios, Antonio Bazán, a los efectos de trasladar al interno Orlando Efrén Benítez Portillo a la Agrupación Especializada.
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El traslado fue debido a la información recabada por las autoridades penitenciarias referente a la existencia de un túnel en el penal, que habría de utilizarse para la fuga de un grupo de personas recluidas en el lugar.
Esta disposición habría provocado un descontento en la población penitenciaria en general y compañeros de pabellón, entre los cuales se identificó a Armando Javier Rotela Ayala y a los demás imputados, quienes formarían una asociación criminal compuesta de modo a perpetrar una serie de hechos ilícitos, tanto dentro como fuera de centros penitenciarios al mando de Rotela.
Según informó la Fiscalía, en aquella ocasión, siendo las 16.00, estas personas quemaron colchones, ropas y frazadas en distintos sectores, ocasionando un incendio, causando destrozos en la edificación, rompiendo portones, arrojando piedras y otros objetos hacia la oficina de guardia, exigiendo el regreso del interno Benítez Portillo y evitando que los funcionarios penitenciarios puedan ingresar a la zona.
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Esta situación fue aprovechada para retener en calidad de rehenes a un grupo de 20 agentes penitenciarios, quienes se encontraban cumpliendo funciones dentro de los pabellones.
Los reclusos que los privaron de su libertad habrían prometido liberarlos una vez cumplidas las exigencias de los internos que apoyaban a Benítez Portillo, según el Ministerio Público.
Ante dicha circunstancia e imposibilidad de ingreso de funcionarios y autoridades de la penitenciaría, se hicieron presentes personal policial, además de un grupo de bomberos voluntarios, representantes de la Dirección de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, para mediar con los internos amotinados, restaurar la situación y lograr la liberación de los funcionarios penitenciarios retenidos.
En aquella ocasión fueron asesinados siete reclusos, al menos tres de ellos fueron decapitados y todos perdieron la vida por heridas de arma blanca.
