La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Yeimi Adle investiga a dos funcionarias judiciales, luego de que una de ellas sea detenida durante un operativo de entrega vigilada, realizado en un centro comercial de San Lorenzo, que derivó en un allanamiento en el Poder Judicial de dicha ciudad. Se habla de un pedido de dinero para dar medidas a la prisión a un procesado.
El operativo encubierto se realizó en el estacionamiento del Shopping San Lorenzo, donde la denunciante entregó el dinero a la funcionaria Antonia Galeano (41), tras una conversación de negociación que quedó grabada previa autorización judicial.
Desde el Ministerio Público confirmaron que el caso surgió de “una denuncia que señalaba la supuesta solicitud de dinero por parte de una funcionaria judicial, quien habría ofrecido intermediar para la obtención de medidas sustitutivas a favor de una persona procesada en una causa penal”.
El dinero quedó incautado, así como la copia del expediente, donde se prometió hacer el cambio del expediente judicial tras el pago de una suma de dinero.
Tras la entrega vigilada, la comitiva fiscal, con agentes de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía, se constituyeron hasta el Poder Judicial, donde fue allanada una oficina de la Sección Estadística y otra de la Secretaría del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de San Lorenzo.
En el sitio, los intervinientes se incautaron documentos originales y copias certificadas. También tres celulares y dispositivos de almacenamiento, que la Fiscalía cree que podrían contener información relevante sobre la causa y determinar si se hicieron las modificaciones en el expediente.
En la causa también se procedió a una segunda detención por complicidad.
¿QUÉ HABÍA DETRÁS? La causa inició tras la denuncia de un procesado por narcotráfico, que fue detenido en el 2025, en un operativo en San Lorenzo. A partir de su prisión preventiva, su defensa empezó a solicitar varias veces medidas alternativas, las cuales fueron negadas.
Según fuentes, el 20 de abril, el defensor volvió a solicitar el arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica, donde intervinieron la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec) del Ministerio del Interior para determinar si la casa era apta para que pueda quedarse la medida.
Pese a ese procedimiento, la jueza Elena Cañete rechazó el pedido y en ese momento habría intervenido la funcionaria judicial Antonia Galeano, quien se habría comunicado con la familia del procesado para mediar con la magistrada. Desde un momento, se habría solicitado dinero para intervenir. Primero, se habría entregado la suma de G. 3 millones y luego debían pagar otra vez el mismo monto. Finalmente, la funcionaria fue denunciada por la familia del procesado, cuando se debía realizar la segunda entrega del dinero.
Funcionario del Incan procesado
La semana pasada fue detenido un funcionario público también en un operativo encubierto por un pedido de coima.
Se trata de Pánfilo Saldívar, del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), imputado por tráfico de influencias. El sospechoso siendo funcionario del área administrativa, habría prometido “mediar” con el médico para “agilizar” una cirugía sensible a cambio de G. 3 millones. El caso está en plena etapa investigativa.
