La Fiscalía presentó una imputación contra 67 personas por estafa y declaración falsa, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 1.200 millones contra el Instituto de Previsión Social (IPS), a través de una empresa de fantasía que inscribió a falsos trabajadores con el fin de acceder a las indemnizaciones por cierres forzosos de empresas durante la pandemia por del Covid 19.
Entre los 67 imputados, se encuentra Julio David Ramírez Domínguez, a cargo de la firma, quien incluyó a amigos, familiares, compañeros de colegio y universidad, según informó la agente fiscal Teresa Sosa, en contacto con Radio Monumental AM.
Sosa explicó que la empresa, a cargo de Ramírez Domínguez, fue creada en 201, primero con tres empleados y luego con ocho, pero que entre el 2020 y 202, se amplió rápidamente a 83 empleados.
Esto levantó las sospechas del IPS, que debió desembolsar la suma de G. 1.200 millones en concepto de indemnizaciones, por lo que realizó su denuncia, luego de una investigación interna.
“La sospecha es que, aprovechando la situación del Covid-19 y la situación de alerta y emergencia por el Covid, la patronal del señor Julio Ramírez Domínguez habría inscripto a 83 personas para que reciban la compensación por el cese laboral. Entonces, el IPS, al recibir esta información, abonó más de 1.200 millones de guaraníes a personas que, en realidad, no estarían trabajando en esta empresa y que habrían sido inscriptas con el único objetivo de cobrar esta suma de dinero”, dijo la fiscala.
“Entonces, en atención a ello, formulamos la imputación por estafa y por declaración falsa”, agregó. Explicó, además, que la estafa fue realizada ante al IPS, pero que las declaraciones falsas implican tanto al IPS, como al Ministerio del Trabajo, ya que esta cartera de estado es el nexo entre las empresas, y el IPS en este tipo de casos.
“Estas personas proveyeron su cédula de identidad para que puedan inscribir como empleados ante el IPS, entonces, estas tienen participación como coautores. Porque la patronal no habría podido inscribir si es que no recibía esa colaboración de estas otras personas”, aseguró la agente fiscal.
El Ministerio Público presentó su imputación luego de un arduo trabajo que incluyó pruebas como filmaciones de las personas que retiraban estas falsas compensaciones de dinero de ventanillas del Banco Nacional de Fomento, cajeros automáticos, etc.
“Tenemos elementos de sospechas serios, por eso formulamos esta imputación, ya prácticamente con todos los elementos de prueba”, aseveró.
¿Cuál es la expectativa de pena?
La fiscala explicó que no solicitó prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial para estas personas, pero que la expectativa de pena es de cinco años en el caso de estafa y cinco, en el de declaración falsa.
Agregó que, de ser declarados culpables, podrían recibir un máximo de siete años y medio y un mínimo de seis meses de pena privativa de libertad.
Si bien se detectó la participación de unas 84 personas, varias de ellas accedieron a colaborar con la investigación y se comprometieron a devolver las sumas de dinero percibido irregularmente, por lo cual quedaron exentos de imputación.
Ministerio Público sospecha que existen otros casos
Teresa Sosa señaló que tiene la sospecha que existen más casos similares al de esta firma, por lo que instó al IPS a que siga con su investigación interna y, en caso de detectarlos, los denuncie.
“Nos entrevistamos con la gerente general del IPS, la doctora Vanessa Cubas, a quien solicitamos que continúen con esta tarea investigativa, porque podría haber otras empresas más que hayan realizado este tipo de conductas y perjudicado a sus asociados, porque este dinero, al final, es de las personas que aportan, de los trabajadores”, explicó.
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“Yo tengo la sospecha de que hay otros casos más en el IPS; por eso le insté a las autoridades a que culminen esa tarea de investigación”, agregó.
