El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a 40 padres de familia que incumplieron el deber legal alimentario, que puede ser castigado con una pena privativa de libertad de hasta dos años o multa.
En la investigación del Ministerio Público se corroboró que los procesados se negaban a la asistencia económica, pese a las sentencias judiciales de los juzgados de la Niñez y Adolescencia de Alto Paraná, informó el corresponsal Edgar Medina.
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Todos fueron puestos a disposición de la Justicia.
Las sumas de dinero debían ser depositadas en cuentas habilitadas en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Pero al no cumplir con los montos mensuales, las madres presentaron denuncias formales ante el Ministerio Público.
El incumplimiento se confirmó tras un análisis de los informes remitidos por la entidad bancaria.
Otras 30 denuncias fueron remitidas a la Oficina de Mediación del Poder Judicial, para confirmar o descartar la falta a la prestación alimentaria.
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En los últimos seis años, el Ministerio Público investigó 48.482 causas por incumpliendo del deber legal alimentario.
Los nombres de los padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
