Finalmente, la Municipalidad de Asunción entregó las documentaciones requeridas por el Ministerio Público al cumplirse el plazo de tiempo establecido, en el marco de la investigación sobre el desvío de dinero de emisiones de bonos que eran para infraestructura. Al saltar la denuncia del faltante de los G. 500.000 millones, el intendente Óscar Nenecho Rodríguez y sus directores alegaron que se utilizaron en gastos corrientes, pero sin mostrar facturas.
La Fiscalía solicitó los documentos de cada banco de plaza, con la trazabilidad de cada una de las facturas de los pagos realizados. El Ministerio incluso realizó un allanamiento en la sede municipal, el pasado 12 de julio.
La fiscala Marlene González indicó que llevará su tiempo por el volumen de documentación a analizar, tanto de lo último solicitado como lo que lograron recolectar durante el allanamiento. Señaló que buscarán la trazabilidad, es decir, el circuito del dinero que debía destinarse para obras.
“Acá hay mucho trabajo, estamos empezando. Es un arduo y muy minucioso trabajo”, expuso.
Sobre el contenido de lo que entregó ayer la Municipalidad afirmó que se encuentran chequeando.
El Ministerio Público dio trámite a esta investigación luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera un dictamen en el que advertía sobre posibles hechos punibles.
Comprobantes. Desde hace meses, el intendente de Asunción no muestra las facturas que respalden que efectivamente el fondo fue destinado a compras que declaran, tales como uniformes, mantenimiento de los vehículos, combustibles, alquiler de vehículos recolectores, herramientas y otros.
Nenecho también había evitado responder a la solicitud de informe hecha por la Cámara de Diputados. Tampoco respondió a la Junta Municipal de Asunción, a activistas y a ciudadanos en general que solicitaron datos a través del portal de Acceso a la Información Pública.
Ante estos incumplimientos se presentaron dos amparos judiciales, pero las documentaciones entregadas por obligación tampoco fueron acompañadas con los comprobantes del destino de transferencias bancarias y cheques emitidos.
“El abogado Edwin López Cattebeke, director general de la Dirección General de Administración y Finanzas, se limitó a exponer, de forma genérica, el uso de los fondos en la modalidad de Cuenta Única Municipal y que corresponden a gastos corrientes por un total de G. 492.000 millones; sin embargo, no adjuntó los documentos de respaldo ni se detalló el origen de los fondos o recursos utilizados”, señala parte del dictamen de la Contraloría General de la República.
Irregularidad. El intendente de Asunción y sus directores municipales defendieron la ejecución de los recursos destinados en gastos corrientes a través de la Cuenta Única. No obstante, la Contraloría consideró que esta medida es improcedente con la Ley Orgánica Municipal.
La discrepancia entre los saldos contables y bancarios, la falta de respaldo documental, y las transacciones bancarias expuestas en las cuentas corrientes habilitadas para la administración de los recursos de los Bonos G8 no fueron justificadas documentalmente, según la CGR.
500.000 millones de guaraníes es la cifra que aparece como faltante y por la que se reclama que muestren facturas.
279.000 millones de guaraníes es la reciente deuda aprobada por ediles, para gastos corrientes, pese a denuncias.
