La fiscala Victoria Acuña pidió juicio oral para Nancy De Jesús Florentín de Cuevas, esposa del diputado Miguel Cuevas. Mientras que en el caso del legislador hay una prórroga extraordinaria, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El Ministerio Público acusó a Nancy Florentín por cobro indebido de honorarios en calidad de autora, con reserva del derecho de solicitar la pena correspondiente en la oportunidad pertinente, remitiendo con la acusación las actuaciones y evidencias, solicitando al Juzgado su admisión de las pruebas ofrecidas y la elevación de la causa a juicio oral y público.
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La Fiscalía requiere del Juzgado que previo a los trámites de rigor se haga lugar al sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal en relación a Gricelda Beatriz Duarte de García, debido a que falleció.
Duarte había sido imputada el 1 de agosto del 2019 por el hecho punible de cobro indebido de honorarios, en calidad de cómplice y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, en calidad de autor y cuya investigación se encontraba abocada la Fiscalía.
Además, el Ministerio Público solicita al Juzgado que disponga el sobreseimiento provisional del imputado Enzo Miguel Cuevas Florentín (hijo del legislador).
El caso
El concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres López, del Partido Democrático Progresista (PDP), presentó denuncia contra Miguel Cuevas por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lesión de confianza, así como también contra su esposa, Nancy de Jesús Florentín de Cuevas, por cobro indebido de honorarios.
El uso indebido de combustibles, obras inexistentes, clonación de facturas, documentos falsos, entre otros hechos, fueron los elementos que argumentaron en el escrito del edil contra Cuevas durante su gestión en la Gobernación de Paraguarí.
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Posteriormente, en marzo de este año, el abogado Julio Godoy ratificó la denuncia contra el legislador por producción de documentos no auténticos. Supuestamente, Cuevas hizo figurar al denunciante en órdenes de trabajo en las que se detectó cerca de G. 1.200 millones en malversación de fondos.
El abogado citó que también se presentaron denuncias por perforación de pozos que nunca se hicieron, supuestas ayudas a comisiones vecinales, cuyas firmas de los presidentes también presuntamente fueron falsificadas, así como la malversación de fondos en merienda escolar.
