Fiscal del JEM sostiene que hay méritos para destituir a Luis Said

César Ayala, fiscal acusador, empezó sus alegatos finales contestando preguntas sobre la causa que llevó al enjuiciamiento del fiscal Luis Said, “a fin de que los miembros puedan juzgar con criterio constitucional”.

“Al agente acusado se le atribuyen dos hechos: Inacción y falta de imputación”, refirió.

De acuerdo con Ayala, se comprobaron 35 meses de inactividad fiscal, equivalentes a dos años y 11 meses. “Casi tres de los cinco años que le cupo investigar”, remarcó.

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Asimismo, refutó el argumento escrito que presentó el fiscal Luis Said, en donde solicitaba al JEM su absolución por no haberse probado el supuesto mal desempeño de funciones.

Said no estuvo presente durante los alegatos finales debido al inicio de dos juicios contra personas procesadas por comercialización y tenencia de sustancias estupefacientes, según justificó.

Ayala hizo hincapié en que el análisis de este enjuiciamiento es el cuaderno de la investigación fiscal en donde se pudo comprobar, según calificó, una “desprolijidad total de los tomos”.

La parte acusadora indicó que en el descargo escrito del fiscal Said no se menciona datos irreales o que faltaban a la verdad en la denuncia, así como tampoco hace referencia a una falta de cooperación o la complejidad de la causa por los años investigados y la cantidad documentales existentes.

“Para la inactividad en concreto, lejos de eximirlo de la responsabilidad, lo confirma”, afirmó.

Falta de imputación

El segundo hecho por el cual se lo acusó es la falta de imputación de los funcionarios implicados en el supuesto daño patrimonial contra la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

“Se denota que el acusado no aborda el fondo de la cuestión, la falta de imputación, pero además intenta desviar la atención”.

El segundo hecho por el cual se le acusó es la falta de imputación de los funcionarios implicados en el supuesto daño patrimonial contra la ANNP.

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“El acusado no realiza un descargo referente a este hecho, no lo niega y no nos explica por qué no ha formulado imputación en la causa”, expresó.

Ayala recordó que la denuncia que presentó el senador cartista Ramón Retamozo “era un supuesto daño patrimonial que arrancaba desde los G. 5.000 millones y que podría llegar a los G. 10.000 millones. Son nada más y nada menos que USD 1.200.000 del patrimonio del pueblo paraguayo”, indicó.

“Desde la denuncia del 2018 a agosto del 2023, han transcurrido casi cinco años sin ninguna imputación u otro requerimiento conclusivo”, sentenció.

Para el fiscal acusador, en la contestación de Said existe “un silencio” en esta causa, por lo que el segundo hecho quedó demostrado.

“Esta contundencia probatoria ha revelado la verdad. Entonces, esta representación fiscal se encuentra en condiciones de expedirse y hacer la graduación de la sanción a ser aplicada en esta causa”, argumentó.

La conducta del fiscal Said es de una “reprochabilidad altísima”, porque por su condición de agente fiscal “tenía el deber de actuar en estricto cumplimiento de la norma que rige su actuar”.

“Nos lleva a una conclusión ineludible: La sanción adecuada a aplicar al caso, conforme a los hechos probados, es la sanción de destitución”, finalizó.

La sesión ordinaria del JEM estaba prevista para las 9:30 de este jueves; sin embargo, arrancó media hora después de la convocatoria.

Un grupo de manifestantes se encuentra frente al órgano que juzga a magistrados y fiscales, para seguir de cerca el resultado de la causa 43/2023. Incluso, agentes de la Policía Nacional colocaron vallas de seguridad alrededor del edificio.

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El enjuiciamiento de Said deriva de la denuncia presentada por el senador cartista Ramón Retamozo por supuesto mal desempeño de funciones en la causa que litigó cuando se desempeñada como titular de la ANNP, ante un supuesto perjuicio patrimonial de G. 5.300 millones.

Condenas a políticos corruptos

El agente fiscal logró históricas condenas para cuestionadas figuras por hechos de corrupción, entre ellas políticas, como la causa contra Óscar Ñoño Núñez, ex gobernador de Presidente Hayes y hermano del actual presidente del Congreso Basilio Bachi Núñez.

El político fue sentenciado a una pena de 11 años de cárcel por un perjuicio económico superior a G. 42.500 millones (unos USD 5,7 millones) a la citada Gobernación.

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También acusó por lesión de confianza al ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas y al ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta, cuya causa se movió debido a las protestas de #UNANoTeCalles.

Otros de los casos emblemáticos que llevó fue contra el usurero Ramón González Daher.