En medio de la preocupación por los casos de feminicidio y las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la Justicia, se desarrolló una audiencia pública para debatir el proyecto de ley que plantea la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres.
La iniciativa, impulsada por la senadora colorada Lilian Samaniego, ya cuenta con el dictamen de la Corte Suprema de Justicia y busca agilizar la atención de las denuncias mediante magistrados y funcionarios capacitados para intervenir en este tipo de casos.
Samaniego recordó que presentó una propuesta similar en 2024, pero que fue rechazada. El pasado 14 de octubre volvió a impulsar el proyecto, que, según explicó, es resultado de seis años de trabajo con representantes de 17 instituciones.
“El feminicidio está creciendo en nuestro país. En el 2024 había presentado el proyecto de creación de juzgados y tribunales especializados en contra de la violencia hacia la mujer. Lamentablemente se rechazó en aquel entonces”, expresó.
La legisladora explicó que solicitó la postergación del tratamiento de la iniciativa para contar con los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público.
“Ayer (por el miércoles) ya me envió en forma positiva y también llegué hasta el fiscal general del Estado en forma personal, hablando y contándole todo lo que los jueces de paz habían dicho en una anterior audiencia pública”, señaló.
Samaniego sostuvo que los juzgados especializados permitirán dar mayor celeridad a las denuncias y diferenciar los casos reales de las denuncias falsas.
“Ellos necesitan la herramienta para darle celeridad a las denuncias reales y desestimar las denuncias falsas. Hay hombres que están presos por denuncias falsas. Es decir, que esto le va a servir tanto a la mujer como al varón”, manifestó.
La parlamentaria anunció que insistirá en la creación inicial de cinco juzgados especializados: dos en Alto Paraná, dos en el Departamento Central y uno en Asunción, atendiendo a la cantidad de denuncias registradas en estas zonas.
“Vamos a pelear por cinco, como hicimos en el 2024, cinco primeras creaciones de los juzgados donde hay mayor cantidad de denuncias”, afirmó.
También aseguró que viene recogiendo firmas de respaldo a la propuesta y que ya cuenta con miles de adhesiones.
Corte considera fundamental contar con jueces especializados
Silvana Luraghi, secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmó que el máximo tribunal emitió un dictamen favorable al proyecto.
Durante su intervención, advirtió que los casos de violencia familiar y violencia contra las mujeres van en aumento y representan una situación abrumadora para el sistema judicial.
“Es indudable que necesitamos la creación de estos juzgados especializados dentro del Poder Judicial. Por eso nuestro dictamen de parte del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia es positivo a esta ley”, expresó.
Luraghi sostuvo que la propuesta significará un cambio importante en la política judicial para atender los hechos de violencia contra las mujeres, incluidos los casos de feminicidio y tentativa de feminicidio.
“Va a ser sumamente útil. Implica un cambio fundamental y radical en la política judicial en la atención de los casos de violencia contra las mujeres”, destacó.
Explicó que la especialización permitirá contar con jueces y funcionarios preparados para intervenir en situaciones que requieren una atención particular, además de incorporar mayor sensibilidad en el tratamiento de las víctimas.
Advierten sobre obstáculos para aplicar la ley de protección
Por su parte, Myrian González, representante del Centro de Documentación y Estudios (CDE), reclamó la aplicación efectiva de la Ley 5777/2016, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia.
Señaló que, aunque la normativa representó una conquista importante para las mujeres paraguayas, todavía existen numerosos obstáculos para garantizar su cumplimiento.
González recordó que la legislación reconoce distintas formas de violencia, amplía las posibilidades de presentar denuncias, establece mecanismos de protección y prohíbe la conciliación una vez presentada una denuncia.
Sin embargo, cuestionó que muchas víctimas continúen encontrando resistencia dentro de las propias instituciones encargadas de brindarles protección.
“Muchas veces las mujeres se van a denunciar y se encuentran con muros machistas y patriarcales que les dicen: ‘Podés aguantar’”, lamentó.
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La representante del CDE identificó la falta de voluntad política como uno de los principales obstáculos para la implementación efectiva de la ley.
También criticó los discursos que rechazan la perspectiva de género y las propuestas que buscan modificar o debilitar las políticas públicas de protección a las mujeres.
Entre sus preocupaciones mencionó las iniciativas orientadas a reducir la categoría institucional del Ministerio de la Mujer o convertirlo en una secretaría o dependencia.
Violencia política también fue abordada
Durante la audiencia, Rocío Casco, del Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD), vinculó la violencia contra las mujeres con las dificultades que enfrentan para participar en la política y ocupar espacios de decisión.
Sostuvo que la violencia política de género constituye una manifestación de las desigualdades estructurales que persisten en la sociedad.
“La violencia política de género no representa un fenómeno coyuntural ni un mero conflicto discursivo propio de las contiendas electorales, constituye una manifestación crítica y sistémica de las desigualdades de género”, afirmó.
Casco defendió la necesidad de ampliar la participación femenina tanto en los cargos electivos municipales, departamentales y nacionales como en otros espacios de conducción dentro del Estado.
Indicó que la presencia de mujeres en ámbitos de decisión ha permitido impulsar avances en materia de derechos, por lo que consideró que su participación constituye un desafío democrático.
Martínez advierte sobre 22 feminicidios y 29 tentativas
La senadora opositora Esperanza Martínez expuso cifras sobre la violencia contra las mujeres en Paraguay y cuestionó la respuesta institucional frente a estos hechos.
“Al día de hoy estamos con 22 feminicidios en el año y 29 intentos de feminicidio. Detrás de estos casos hay 39 hijos e hijas de las víctimas”, señaló.
Martínez lamentó que, pese a los avances tecnológicos y sociales, el país continúe enfrentando graves dificultades para transformar las relaciones marcadas por la violencia.
Advirtió sobre el riesgo de que los asesinatos de mujeres terminen naturalizándose y sean asumidos como parte de una realidad cotidiana.
Dijo que cada caso genera indignación y reclamos, pero esa reacción social parece diluirse rápidamente sin que se produzcan los cambios institucionales necesarios.
“Las personas que son víctimas en Paraguay encuentran un muro que todavía no permite la acogida de ellas a un sistema institucional de protección, prevención, castigo y reparación parcial de los daños”, cuestionó.
