06 nov. 2025

Familia de joven fallecido en confuso control de la Patrullera lamenta indiferencia del Estado

La familia de Junior González, quien perdió la vida en un confuso control de la Patrulla Caminera, criticó la ausencia del Estado tras el fallecimiento del joven. Buscan juntar dinero para poder sepultarlo en el municipio de Cerro Corá.

Familiares de Junior Cesar González Barrios

Los familiares de Junior Cesar González Barrios, fallecido en un accidente de tránsito durante un control de la Patrulla Caminera, critican indiferencia del Estado.

Foto: Marciano Candia

Los familiares de Junior Cesar González Barrios, de 26 años, esperan que algún organismo del Estado se responsabilice del hecho que costó la vida al joven trabajador.

Se trata de una de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este miércoles sobre la ruta PY01, en San Antonio.

Julio Cesar González, papá del fallecido, cuestionó al Estado por “no poner la cara por el hecho”.

Nota relacionada: Policía identifica a víctimas de accidente durante control de la Patrullera Caminera

“Hasta el momento, ninguna institución pública se acercó a la familia para prestar ayuda, a pesar de que un organismo del Estado, como es la Patrullera Caminera, estuvo involucrado en el accidente al encontrarse realizando una barrera clandestina”, criticó.

Buscan juntar la suma de G. 12 millones entre los familiares para cubrir los gastos del traslado y sepelio. Quieren sepultarlo en el municipio de Cerro Cora, de donde es oriundo.

El padre recordó que su hijo salió de su trabajo a las 01.00 cuando se percató que su motocicleta se descompuso. Un compañero suyo, quien también falleció, se ofreció a acercarle hasta su casa.

“Encontraron la muerte por una coima de G. 100.000 que le iban a quitar estos asesinos al chófer del camión”, recriminó.

Puede interesarle: “No operar en lugares oscuros": Lo que dice la orden de la Patrulla Caminera

La otra víctima del siniestro fue identificada como Renato Rojas López, de 35 años.

Ambos estaban a bordo de una motocicleta cuando chocaron contra la parte trasera de un tractocamión Scania, guiado por Felicio Marín Mailín, de 56 años.

Testigos afirmaron que la barrera de la Caminera estaba en una zona oscura y sin señalización, cuando la orden operativa N°6338/2024 que exige “no trabajar en lugares oscuros con poca iluminación y utilizar los conos reflectivos”.

Más contenido de esta sección
Una estafa cibernética por valor de G. 3.204.000 se habría realizado desde la cárcel de Concepción a una mujer del barrio Itacurubí de la misma ciudad, quien denunció el hecho. Por trazabilidad, detuvieron a la dueña de la cuenta bancaria utilizada, quien alega que había prestado la cuenta a su madre, pareja de un convicto de dicha penitenciaría.
Niños, jóvenes y madres expresaron su deseo de justicia para Cristofer, el adolescente de 16 años que fue víctima colateral de una balacera durante un piki vóley en la zona conocida como Pantanal, en Lambaré. Además, buscan limpiar el nombre de la comunidad, por lo que piden a las autoridades el despliegue de militares.
Un adolescente de 14 años fue atacado por un grupo de personas que lo agredieron y amenazaron de muerte, según la denuncia realizada por la familia, que teme por la vida del afectado.
De cara a las elecciones extraordinarias del próximo domingo, en las que Ciudad del Este elegirá a un nuevo intendente tras la destitución de Miguel Prieto, el Ministerio Público designó a 12 fiscales para garantizar el cumplimiento de las leyes electorales y atender posibles denuncias durante la jornada.
El Gobierno anunció la Operación Escudo Guaraní para combatir al crimen organizado transnacional y organizaciones terroristas. Buscando “garantizar la seguridad y la soberanía nacional”, desplegarán 4.000 efectivos de las Fuerzas Militares, especialmente en las fronteras, en conjunto con la Policía Nacional y otras instituciones.
La ex senadora Desirée Masi (PDP), una de las impulsoras de la Ley de Transparencia y Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública, criticó duramente la nueva ley que blinda a los funcionarios públicos bajo la bandera de “protección de datos”.