Según el abogado Marco Yaulema, el candidato presidencial Fernando Villavicencio había sido amenazado múltiples veces por criminales incómodos con sus denuncias periodísticas, por lo que debía tener un esquema de seguridad más férreo el 9 de agosto, día en que un sicario colombiano le disparó.
Yaulema responsabilizó por la falta de protección adecuada al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, al ministro del Interior, Juan Zapata; al comandante de la Policía, el general Fausto Salinas; y al jefe de inteligencia, Manuel Samaniego.
Villavicencio “estaba amenazado por las mafias y todos lo sabían, todo el Estado lo sabía”, reclamó el abogado en una rueda de prensa.
Según su versión, fallas en el operativo de seguridad facilitaron el homicidio.
Un video registró el momento en que el candidato se sube por la parte derecha de una camioneta sin blindaje. Desde el otro costado, un pistolero –colombiano, según las autoridades–, le dispara dos veces en la cara y otra en la sien, detalló Yaulema. El sicario intentó huir antes de caer abatido por guardaespaldas del político.
La familia denunció que Villavicencio no tenía suficientes custodios y que el conductor del vehículo no estaba frente al volante.
“No existió absolutamente nada (de seguridad), estamos diciendo que el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la presidencia de la República”, insistió Yaulema, acompañado de una hermana de Villavicencio, un tío y su hija mayor. AFP
